Dossier Guevarismo en América Latina

La Seguridad Nacional y la destrucción de regímenes democráticos en América Latina

Herbert S. Klein
Columbia University- Stanford University

Apenas terminaba la Segunda Guerra Mundial cuando empezó la Guerra Fría. Aunque la preocupación principal de Estados Unidos era “contener” la expansión rusa en Europa del Este, también se proponía eliminar los partidos comunistas en los países de Europa occidental y mediterránea. Desde 1948 el Departamento de Estado advertía que el comunismo podría extenderse desde Francia e Italia hacia América Latina.[1] En 1949 caía derrocado el gobierno nacionalista chino y se instalaba un estado comunista en el país más poblado del mundo. A principios de 1950, Estados Unidos se encontraba inmerso en una ola de pánico rojo desatada por el Senador Joseph McCarthy y sus campañas de caza de brujas contra intelectuales de izquierda y activistas políticos del gobierno, de las universidades, de los sindicatos y de los medios. Los liberales en el Departamento de Estado fueron despedidos y los diplomáticos se volvieron más sensibles a la amenaza “bolchevique” en todo el mundo.

Fue en este contexto que Estados Unidos abandonó la posición no intervencionista del período de Franklin D. Roosevelt y su “política del Buen Vecino”, y retomó la intervención sistemática, y a menudo violenta, en casi todos los países de América Latina, durante las siguientes cuatro décadas. Lo único que veían los diplomáticos norteamericanos eran comunistas en todas partes, y en especial, en los florecientes regímenes democráticos. En 1947 la embajada estadounidense en Guatemala se volvió contra del gobierno reformista de Juan José Arévalo (1945-1951) que había aprobado leyes de reforma agraria y en apoyo a la sindicalización, leyes que afectaban las operaciones de la United Fruit Company en ese país. Los funcionarios de la embajada local declaraban que los comunistas estaban involucrados directamente y que “una porción sospechosamente grande de las reformas propuestas por el actual gobierno revolucionario, parecen motivadas, en parte, por un esfuerzo calculado de promover la lucha de clases.”[2]

Así, las primeras reformas sociales y económicas en América Latina, en especial las que afectaban a las empresas estadounidenses, podían considerse una penetración comunista, con independencia de si los miembros del Partido Comunista estaban o no involucrados.

Cuando Eisenhower fue electo a finales de 1952, los moderados impulsos que podrían haber existido bajo el mandato de Truman se abandonaron por completo. El gobierno republicano de Eisenhower acusó a los demócratas de “perder China” y de mimar a los comunistas de todo el mundo. En 1953, el nuevo presidente envió a su hermano Milton Eisenhower a una misión de investigación en América Latina que llegó a la conclusión de que Guatemala, bajo el gobierno reformista y electo en forma democrática de Jacobo Árbenz (1951-1954), “había, de hecho, sucumbido a la infiltración comunista”.[3] Rápidamente, los políticos republicanos y demócratas exigieron el derrocamiento del flamante régimen de Árbenz, y Adolf Berle, un destacado consejero democrático de Roosevelt que se convertiría en el siguiente embajador en Brasil, dijo en un comité del Congreso de los Estados Unidos que la respuesta a la “amenaza” de Guatemala no era la intervención inmediata, sino que debía ser la “organización de un contramovimiento capaz de usar la fuerza si fuera necesaria, basado en la cooperación con la vecina república”.[4]

De hecho, en las tres décadas posteriores, esta política se convirtió en una de las principales de la CIA en las intervenciones que siguieron en Centroamérica. Otra fue el control sobre los militares a través de programas de entrenamiento cooperativo en bases americanas en la zona del Canal de Panamá y en los Estados Unidos, y el estímulo, con apoyo financiero, para derribar a sus propios gobiernos democráticos.[5] Y si todos estos programas fracasaban, entonces la intervención militar directa tendría lugar, aunque restringida, sobre todo, a las repúblicas del Caribe y América Central.

En marzo de 1954, Estados Unidos se preparó para derrocar mediante la fuerza al gobierno legalmente elegido de Guatemala, haciendo que 17 de las 21 repúblicas americanas firmaran una “Declaración de Solidaridad para la Preservación de los estados americanos contra… el Comunismo” que supuestamente otorgaba una sanción oficial a la invasión.[6] El gobierno norteamericano no podía mostrar pruebas de una penetración comunista en Guatemala; simplemente no aceptaba un gobierno reformista y argumentó una teoría dominó; esto es, si un gobierno en esos países pobres se volvía reformista, entonces todos los demás harían lo mismo y, eventualmente, todos caerían en la esfera de influencia soviética. Por añadidura, para garantizar que ningún partido comunista pudiera funcionar en América, Estados Unidos incitó a las repúblicas americanas a declararlos ilegales y remover a sus miembros de los cargos de gobierno. A mediados de 1950, Estados Unidos había logrado que 14 países americanos prohibieran al Partido Comunista.[7]

Pero la eliminación de los partidos comunistas fue sólo la primera de una serie de actos anti reformistas. EEUU apeló, también, a la intervención directa e indirecta para garantizar la “estabilidad” de los gobiernos pro norteamericanos. La intervención directa incluyó el envío de marines cuando otras alternativas no eran viables, y la provisión de armas a insurgentes capaces de derrocar al gobierno que estuviera protegido por su propio ejército. Esta segunda opción fue puesta en práctica en Guatemala en junio de 1954 cuando un ejército organizado por la CIA invadió el país desde la amigable Honduras y destituyó al gobierno, estableciendo un clásico régimen autoritario que fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos.[8] Este fue el primer acto de lo que se convertiría en una política a largo plazo de promoción de dictadores en reemplazo de gobiernos reformistas en América Latina durante la Guerra Fría; una política que varió muy poco en gobiernos republicanos y demócratas, excepto durante el mandato de Jimmy Carter (1977-1981) —que sólo temporariamente redujo el apoyo incondicional a los gobiernos autoritarios con una campaña de protección a los derechos humanos.[9] Este interregno permitió un período de florecimiento de opciones democráticas por sobre las soluciones autoritarias. Pero la llegada de Henry Kissinger al poder durante las presidencias de Richard Nixon y Ford, y la de Jeanne Kirkpatrick durante la de Ronald Reagan, condujo a una forma de intervención aún más cruda en los años siguientes. Incluso cuando ya había terminado la Guerra Fría, Estados Unidos no podía abstenerse de su política intervencionista, como demostrarían los casos de República Dominicana y Panamá.

Claramente representativo de lo que vendría, el gobierno de Eisenhower apoyó activamente las dictaduras de Batista en Cuba, Trujillo en la República Dominicana, Castillo Armas en Guatemala y Somoza en Nicaragua. Pero cada uno de estos gobiernos fue atacado o derrocado en los años siguientes, y en 1959 Fidel Castro llegó al poder en Cuba. En marzo de 1960 Eisenhower aprobó la aplicación de la solución guatemalteca en la isla. Esta política fue respaldada aún con más fuerza por la administración demócrata de John F. Kennedy, que hizo que la CIA equipara a un ejército de invasión en la ahora amigable Guatemala, lo que condujo a la invasión fallida de Bahía de los Cochinos en 1961.

Pero tampoco era ésa la única área de preocupación. Durante esta década, la CIA y el ejército intervinieron sistemáticamente en América del Sur. En 1961, la Guayana Británica se preparaba para independizarse cuando Cheddi Jagan llegó al poder. Aunque Inglaterra se opuso a Jagan en los ‘50, finalmente aceptó su legitimidad en los ‘60 y le permitió gobernar. Pero Estados Unidos se negó a aceptar esta decisión y en 1963 financió una huelga nacional masiva contra el gobierno; finalmente Kennedy convenció a los ingleses para que intervinieran otra vez y forzaran nuevas elecciones que terminaron en la caída del gobierno.[10]

Aunque en 1961 también se propuso un compromiso concomitante con una mayor ayuda extranjera para América Latina con la “Alianza para el Progreso”, se asumía que esta iniciativa pondría fin a la atracción que ejercía el comunismo en las naciones más pobres del hemisferio y, más que conducir a una mayor participación democrática, crearía estabilidad.[11] De hecho, parte de esta ayuda fue en forma de asistencia militar y policial a los regímenes autoritarios.

Todos estos acontecimientos y procesos sentaron las bases para la mayor intervención hasta el momento, el derrocamiento del gobierno democrático de Brasil en 1964, promovido por la administración de Johnson y sus asesores liberales de la Guerra Fría. Ya en julio de 1962, el embajador estadounidense en Brasil, Lincoln Gordon, un profesor liberal de Economía de Harvard, había afirmado ante el presidente Kennedy que “…una de nuestras tareas más importantes es fortalecer la columna vertebral del Ejército [brasileño]. Dejar en claro, de manera discreta, que no somos necesariamente hostiles a cualquier tipo de acción militar…”[12] En diciembre 1962, Robert Kennedy fue enviado a Brasil para hablar con el presidente Goulart. El norteamericano hizo hincapié en que Estados Unidos tenía “serias dudas” sobre Brasil, dadas las “señales de infiltración comunista o nacionalista de extrema izquierda en puestos del gobierno civil” y la resistencia de Goulart a “las políticas e intereses americanos como regla general.”[13] Tan extrema se volvió la oposición a Goulart y el temor a que un golpe de derecha no tuviera éxito, que el embajador Gordon propuso un plan de contingencia que sugería “un gran énfasis en la intervención armada de los Estados Unidos”. Eso fue el mismo día de noviembre de 1963 en que asesinaron a Kennedy en Dallas.[14] Sin embargo, en aquel momento, el Asesor de Seguridad Nacional, George McBundy, y el nuevo gobierno de Johnson siguieron apoyando un golpe militar interno como la mejor solución. La hostilidad de los gobiernos de Kennedy y Johnson era tan virulenta que, si el golpe fracasaba, estaban dispuestos a contemplar la intervención militar total, la cual sería la mayor invasión realizada por Estados Unidos en el hemisferio occidental.[15] El 27 de marzo de 1964, el Consejo de Seguridad Nacional recibió un memo del embajador Gordon solicitando el envío encubierto de armamentos y combustible, y el emplazamiento de un grupo de trabajo de la Armada cerca de la costa de Brasil, en apoyo a un golpe planificado.[16] El 30 de marzo, antes de que el golpe tuviera lugar, el agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Brasil, Vernon Walters, informó al Jefe de Estado Mayor Conjunto, después de encontrarse con los más destacados generales golpistas, que “se decidió pasar a la acción esta semana”.[17]

Mientras que las intervenciones militares previas en Brasil habían sido, fundamentalmente, de interés doméstico, la revuelta militar de abril de 1964 adquirió gran preocupación internacional para al menos uno de los jugadores de la Guerra Fría. Para Estados Unidos, esta revuelta era una parte esencial de su política latinoamericana y Goulart era otro Jacobo Árbenz, es decir, otro líder populista que promovía la reforma social y económica y, por ende, la “lucha de clases”.

Esta célebre política de Estados Unidos no pasó desapercibida entre los militares brasileños sino que fortaleció su posición de que esta intervención debería marcar una gran diferencia con las anteriores. Los militares ya no actuarían como un árbitro que equilibra las fuerzas democráticas y controla los “excesos” —como había sucedido en la República— sino que tomarían el gobierno para “modernizar” el país y destruir la penetración comunista desmovilizando los partidos de izquierda y los sindicatos.[18] Aceptaban el modelo de desarrollo estatal basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como objetivo viable, pero veían al proceso democrático como un impedimento amenazante e innecesario para esa misma política. Y, aunque Estados Unidos también estaba interesado en promover la libertad de mercado, estaba dispuesto a subordinar esta demanda a cambio de un régimen autoritario pro-Occidente.

El compromiso de los militares con la ideología nacionalista de industrialización estatal se vinculaba estrechamente con la creación en 1948 de la Escola Superior de Guerra. Siguiendo el modelo de US National War College que se había creado dos años antes y del más antiguo Institute des Hautes Études de la Défense Nacionale de Francia, fundado en 1936, su objetivo era reunir a oficiales de las tres fuerzas junto con un grupo selecto de expertos civiles para discutir temas nacionales y de estrategia y proponer soluciones.[19] En muchos sentidos, se parecía al Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) de Perú, creado en la misma época. Los dos temas básicos eran: la seguridad nacional —pero en este caso, al estilo anti-comunista clásico— y el desarrollo nacional influenciado, fundamentalmente, por las ideas brasileñas sobre el capitalismo de Estado que se remontaban a Vargas.

Conservadores y anti-comunistas, los oficiales que enseñaban en la escuela y sus graduados fueron figuras clave del golpe de 1964. De hecho, los graduados de la ESG tuvieron una gran participación entre los golpistas: según Stepan, el 60% de los generales involucrados asistieron a la ESG.[20] En consecuencia, al igual que en el ejército peruano, los generales brasileños tenían un plan muy elaborado para promover el desarrollo del Brasil y, de hecho, crearon un gran sector industrial, modernizaron la agricultura e incluso pusieron en marcha iniciativas importantes de bienestar social. Con estas medidas esperaban evitar que la izquierda tomara el poder. También consideraban que esas grandes transformaciones sólo podrían llevarse a cabo bajo un régimen autoritario, libre del obstáculo de las presiones populares. Esto significaba exprimir salarios, controlar a los sindicatos y destruir cualquier posible presión popular. Este era un gobierno que, tan tempranamente como los setenta, prometía el regreso controlado al gobierno democrático, algo que finalmente no sucedió sino hasta 1985.

Con el éxito del golpe brasileño, Estados Unidos quedó envalentonado para ensayar otras grandes intervenciones de estado en nombre del anti-comunismo, a la par de sus tradicionales intervenciones automáticas en América Central y el Caribe. Johnson envió los marines a la República Dominicana para impedir el regreso al poder de Juan Bosch, elegido democráticamente un año después del golpe brasileño. Luego vino el derrocamiento de Salvador Allende patrocinado por la CIA en 1973.[21] Con Chile y Brasil en manos de regímenes militares, los gobiernos democráticos de la región se volvieron aún más frágiles.

Ya en junio de 1966 los militares habían derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia, dando inicio a lo que serían, con una breve pausa peronista, casi dos décadas de dominio militar que incluyó asesinatos en masa durante la llamada “guerra sucia”. En 1970 fue el turno del gobierno boliviano, derrocado por los militares liderados por Hugo Banzer. Y luego, en 1973, el gobierno conservador electo en Uruguay entregó el poder a una junta militar, renunciando a todas las instituciones democráticas. La única excepción a este patrón de regímenes militares conservadores fue el establecimiento, en 1968, del gobierno militar nacionalista de Juan Velasco Alvarado en Perú.

Lo que llama la atención en este particular período de dominio autoritario en el Cono Sur es el nivel inusualmente alto de matanzas, tortura y violencia en nombre de la seguridad nacional, y la íntima cooperación —que facilitó los asesinatos tras las fronteras— entre los militares de las distintas naciones y los lazos cercanos con Estados Unidos. Los líderes políticos civiles del centro y de la izquierda fueron sistemáticamente perseguidos, exiliados o asesinados. Se eliminaron las elecciones libres, la prensa fue censurada y controlada. Este tipo de violencia estatal sistemática fue la norma en gran parte de América Central tras la caída de Arbenz en 1953. Los militares guatemaltecos atacaron grupos de campesinos mayas, incluso durante los períodos democráticos; los militares salvadoreños también llevaron a cabo campañas de asesinatos masivos desde que asumieron el poder en 1972, alcanzando un pico a principios de los ‘80. La caída del régimen de Somoza en 1979 que condujo a los Sandinistas al poder derivó, a su vez, en la creación de un contra ejército nicaragüense (la “contra”) respaldado por Estados Unidos, que resultó un factor clave en la prolongación de la violencia y en la destrucción de la economía de Nicaragua hasta 1987.[22] Este tipo de violencia estatal sistemática contra los ciudadanos era poco común en las sociedades más avanzadas y menos campesinas de América del Sur, lo cual cambiaría con el nuevo estilo de gobiernos militares que se impusieron en el hemisferio sur en los ‘60 y ‘70.

El interregno militar duró dos décadas o más en las naciones centro y suramericanas y produjo un movimiento masivo de refugiados políticos. En 1977 sólo quedaban tres gobiernos democráticos en América Latina —Costa Rica, Venezuela y Colombia.[23] En la mayoría de los casos, estos nuevos regímenes autoritarios duraron hasta los ochenta (Perú, Brasil, Argentina y Uruguay) o hasta 1990, como en Chile. Fue un período en el que el temor a un movimiento revolucionario al estilo cubano, o a la lucha de clases, o incluso a un cambio social y económico moderado llevaba a los gobiernos a niveles de asesinato de civiles patrocinados por el Estado poco frecuentes para América del Sur. Estos asesinatos no se circunscribían a campesinos y obreros, sino que alcanzaban, también, a estudiantes e intelectuales de las clases media y alta, grupos formalmente excluidos de estas campañas de terror llevadas a cabo por el Estado. De hecho, estos regímenes fueron tan violentos que provocaron una profunda reflexión en los partidos progresistas y radicales de América Latina. Los derechos humanos, antes ridiculizados como valores burgueses, se convirtieron en una ideología aglutinante que uniría a la izquierda y la derecha.[24] A menudo, este replanteo de las relaciones básicas con el Estado condujo, en el período post militar, a poderosas coaliciones —previamente impensables— de partidos comunistas, socialistas y demócrata cristianos. En los últimos años de los ‘80, estas coaliciones ganaron elecciones y plebiscitos que llevaron al fin de los regímenes militares y condujeron a poderosos movimientos democráticos que consolidaron el gobierno democrático en la mayoría de los estados latinoamericanos hasta hoy.

Aunque todos los regímenes militares de los ‘60 hasta los ‘80 fueron anti-democráticos y violentos, no todos siguieron el mismo patrón. Los dos casos más extremos en términos de violencia fueron Argentina y Chile. En el primero, los militares llevaron a cabo, deliberadamente, la llamada “guerra sucia” con el fin de aniquilar a los grupos contestatarios y de izquierda del país. Entre 1976-1983 los partidos e instituciones democráticas fueron reprimidos, y se estima que alrededor 30.000 personas fueron asesinadas.[25] Un sistema de terror estatal, altamente organizado y completamente controlado por los generales de la Junta, se volvió la norma a medida que los militares adoptaban la tortura indiscriminada, las matanzas y los secuestros para silenciar toda expresión política contestataria y progresista.[26] Los militares argentinos explicitaban en su lenguaje la intención y la “necesidad” de “limpiar” la sociedad.[27] Si bien los movimientos guerrilleros más importantes habían sido eliminados hacia 1976, fue en ese año cuando la verdadera “guerra sucia” empezó, y duró hasta hasta 1982. La Doctrina de Seguridad Nacional promovía la idea de desarrollo económico al igual que la eliminación de potenciales movimientos de izquierda, pero esto no fue un tema central para los militares; la economía quedó en manos de las clases tradicionales que la condujeron a su antojo sin ningún esfuerzo importante por modernizarla.[28]

En el otro extremo, estaba la franca dictadura establecida por los militares bajo Pinochet en Chile. Este régimen, igualmente apoyado por la clase alta y partes de la Iglesia, también recibió apoyo y finanzas masivas de los Estados Unidos y mató aproximadamente a unas 3,000 o más personas; en tanto varios miles más fueron forzadas al exilio. Si bien la mitad de los muertos fueron asesinados en los primeros años del régimen, los asesinatos, las torturas y los encarcelamientos continuaron hasta el final del gobierno de Pinochet; en tanto que la represión aumentó en los años de crisis económica de 1982-1983.[29] Se ha estimado que, finalmente, unas 60.000 personas fueron encarceladas en Chile, en comparación con 30.000 en Argentina y 25.000 en Brasil.[30] Además, el régimen fue implacable en su persecución de líderes de izquierda, siendo un activo miembro del Plan Condor, lo cual lo llevó a romper relaciones diplomáticas con países tan distintos como México, Colombia y Gran Bretaña.[31]

En Chile, el Ejército, con un apoyo muy activo de los Estados Unidos, se alió con los elementos conservadores de las clases altas y la élite empresarial para derrocar a la administración socialista liderada por Salvador Allende, que estaba impulsando activamente la nacionalización de la industria y una mayor redistribución del ingreso.[32] La dictadura resultante tuvo, así, una sólida base civil de partidarios activos. En lugar de experimentar las cambiantes alianzas entre varias facciones militares —comunes al régimen argentino y que conducirían a constantes cambios presidenciales— el gobierno chileno estuvo dominado por un solo hombre a lo largo de los diecisiete años de gobierno militar, e incluso más, en tanto Pinochet siguió siendo jefe del Ejército hasta 1998, ocho años después del retorno de la democracia. Aunque los militares no tenían un plan social coherente, más allá de eliminar a toda la oposición liberal y de izquierda y de que eran, en su mayoría, proteccionistas en asuntos económicos, Pinochet decidió apoyar, solo, una radical reorganización neoliberal de la economía nacional basada en las ideas de la llamada Escuela de Economía de Chicago.[33] De hecho, fue un grupo selecto de jóvenes graduados de la Universidad Católica, todos ellos doctorados en economía en la Universidad de Chicago, quien llevó adelante este programa bajo su administración.[34] El régimen no sólo estaba totalmente comprometido con las soluciones de mercado y una economía desregulada —que se llevaría a cabo a costa de los ingresos de los trabajadores—, sino que sus ideas en relación con la privatización de la educación y el bienestar social se convirtieron en el modelo de lo que más tarde se llamaría el Consenso de Washington.[35] Además, para la ideología del mercado libre, una dictadura autoritaria crea, por su propia naturaleza, un capitalismo de amigos, ya que los partidarios son favorecidos por sobre otros actores económicos y se proporciona información crucial a unos pocos seleccionados —lo cual también conduce a la corrupción sistemática. Como lo demostró la riqueza acumulada por el general Pinochet, los oficiales aprovecharon su nuevo poder para enriquecerse.[36] Las privatizaciones carecían totalmente de transparencia, lo cual significaba que sólo los partidarios del régimen podían acceder a ellas con préstamos estatales, al tiempo que no se crearon agencias reguladoras para controlar los nuevos mercados liberalizados.[37]

Si bien muchos regímenes militares aplicaron shocks ortodoxos para reducir la inflación a costa del bienestar y los salarios, los cambios estructurales promulgados por el régimen de Pinochet fueron exclusivos de Chile. La mayoría de los estados latinoamericanos no abrieron sus mercados al capital extranjero y al libre comercio hasta unas décadas más tarde, y pocos llevaron a cabo los extremos de la privatización —en áreas como el bienestar social y la educación— que se llevaron a cabo en Chile; aún después de su promoción por parte del Banco Mundial y los Estados Unidos. La dictadura chilena fue, en su base política, marcadamente diferente de otros regímenes militares. En Argentina, los militares gobernaron sobre una población pasiva que estaba acostumbrada a golpes de Estado periódicos desde la década de 1930. Mientras que la “guerra sucia” generó apoyos entusiastas en la extrema derecha, hubo una suerte de aceptación resignada por parte de una abrumadora mayoría de la población. En el caso de Brasil, hubo un cambio constante de grupos de apoyo y opositores, de modo que los militares se vieron obligados a diseñar políticas que pudieran captar un apoyo más popular más allá de su base original de elite y derechas. En el caso chileno, el apoyo dado a Pinochet fue incondicional por parte de casi la mitad de la población. Este apoyo de las clases medias y altas duró hasta el siglo XXI y formó la base de un régimen muy poderoso y cohesivo que, incluso al final, obtuvo el 43% del voto popular en el referéndum de 1988.[38] Pero éste definitivamente no fue un régimen populista del estilo de Juan Domingo Perón en Argentina o Velasco Alvarado en Perú; el gobierno de Pinochet, contento con la minoría de la población que sostuvo activamente su régimen, no hizo ningún llamado al apoyo popular.

Pinochet también fue inusual entre todos los regímenes militares puesto que era una dictadura, no calificada, de un solo hombre. Él llevó a cabo una reorganización del comando militar, aboliendo la junta de promociones y apelaciones, y tomando en sus propias manos los poderes que a esa institución correspondían. Luego, procedió a violar los estándares tradicionales de promoción y jubilación profesional y nombró a los leales por sobre los oficiales de más alto rango, permitiendo a otros mantener su puesto más allá de la edad de jubilación habitual. De este modo, controlaba completamente al Ejército e hizo que los otros jefes de servicio dependieran de su buena voluntad. También amplió el número de generales —de 24 en el momento del golpe a 53 para fines de la década de 1980— e incrementó enormemente el cuerpo de oficiales de rango medio, mientras que el jefe del Ejército siguió siendo el jefe del Consejo de Gobierno de la Junta Militar, así como presidente de la república.[39]

Todo esto estaba en marcado contraste con los regímenes militares de Brasil, Argentina y Uruguay, que mantenían la jubilación en su lugar, rotaban a los oficiales dentro y fuera del poder en un calendario bien definido y, de alguna manera, garantizaban que no hubiera un gobierno dictatorial de un solo hombre como en Chile. Brasil llegó al extremo de tener designaciones “presidenciales” fijas, y los generales uruguayos nunca nombraron a uno de los suyos como presidente.

El último de los principales gobiernos militares establecidos en los sesenta en América del Sur fue el del General Juan Velasco Alvarado en Perú, en octubre de 1968. A diferencia de todas las demás intervenciones militares en América del Sur, los militares peruanos iniciaron el derrocamiento de un gobierno electo por su cuenta e iniciativa y continuaron gobernando sin intervención de Estados Unidos. Tuvo también otras características distintivas. Fue esencialmente una revolución de coroneles, dirigida por un general radical, que no hizo ningún esfuerzo por destruir a los sindicatos ni encarcelar a nadie, y aunque odiaba el APRA y era oficialmente anticomunista, advirtió que no usaría esto como herramienta para impedir el cambio social y económico.[40] A pesar de llevar a cabo una importante reforma agraria, promover sistemáticamente la movilización política de campesinos y trabajadores, unirse a las coaliciones del Tercer Mundo en la era de la Guerra Fría y confiscar propiedades estadounidenses, era un régimen oficialmente anticomunista en medio de regímenes más radicalizados de la región; y, en consecuencia, fue ignorado por Washington.[41]

La experiencia de Velasco, sin embargo, tenía mucho en común con el régimen chileno y aún más con el brasileño, ya que los militares aspiraban a establecer un modelo de desarrollo autoritario. A diferencia de otros gobiernos militares del período de la Guerra Fría, no se involucró en la violencia estatal contra la población. No hubo asesinatos sistemáticos, desapariciones, encarcelamientos u otros aspectos típicos de los regímenes represivos de la región en este período de interregno militar. Por añadidura, con la excepción de los regímenes militares bolivianos, fue el único gobierno militar que llevó a cabo una reforma agraria masiva y fundamental, y que transformó profundamente la economía y la sociedad.

En las elecciones de 1962, el Ejército había intervenido entre los candidatos en competencia para forzar la elección del líder de Acción Popular, Fernando Belaunde Terry, por temor a la posible elección del detestado Haya de la Torre y su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Pero el Ejército se frustró con el gobierno reformista de Belaunde. Tuvo que luchar contra un campesinado cada vez más movilizado y contra varios movimientos guerrilleros de inspiración guevarista, y finalmente se convenció de que debían emprenderse reformas sociales y económicas profundas para evitar más conflictos sociales.

En 1967, los principales generales se convencieron de que la estructura oligárquica de la nación podía romperse más con un moderno gobierno reformista autoritario que con uno democrático y pluralista; y decidieron tomar el control directo.[42] Muchos de estos oficiales habían sido educados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). Fundado en 1950, el CAEM ofrecía un curso de un año sobre problemas económicos y políticos para oficiales superiores de elite. A diferencia de la Escuela Superior de Guerra (ESG) de Brasil, enviaba a sus estudiantes a estudiar Economía a la ECLA de Chile y a otros programas de capacitación en el extranjero. Dos tercios de los ministros del primer régimen militar revolucionario eran graduados de la CAEM, incluido el jefe de las Fuerzas Armadas. Como en el caso de la ESG de Brasil, también asistieron estudiantes civiles a estas escuelas.[43] Incluso la Seguridad Nacional se definió en la CAEM en los más amplios términos “como la necesidad de garantizar un orden que conduzca al bienestar nacional, es decir, el bienestar de todos los peruanos, no sólo de las clases sociales dominantes”.[44] De hecho, su plan de estudios ha sido denominado como “un enfoque militar de las ciencias sociales”.[45] El shock para el Ejército fue la campaña de guerrillas de 1965-1966, que fácilmente reprimieron. Pero a partir de esta experiencia, se convencieron de que sólo una reforma básica podría evitar que se produjeran nuevas rebeliones rurales. Creían que el Perú había entrado en un período de lo que Einaudi llamó “insurgencia latente” y, a partir de la experiencia de la derrota de Francia en Indochina y de Estados Unidos en Vietnam, se dieron cuenta de que el Perú tendría que resolver solo sus propios problemas.

Fue precisamente el dilema de cómo controlar estos procesos lo que llevó a los militares peruanos a comprometerse con la reforma agraria y la industrialización, con vistas a resolver lo que entendían era la debilidad del Perú que lo exponía a la subversión comunista. Al mismo tiempo, los militares expulsaron a la misión militar de los EEUU de 1969, a pesar de que Perú había sido el segundo mayor receptor latinoamericano de ayuda militar de los EEUU después de Brasil en los años cincuenta y sesenta.[46] No obstante, compartían una certeza básica común a todos los regímenes de la era, y probablemente inherente a cualquier gobierno militar de derecha o izquierda. Al igual que toda la ingeniería social radical o conservadora que se intentó en esta era de regímenes militares, tenía que ser una “movilización” de arriba hacia abajo diseñada para anticipar y reducir el conflicto. Incluso en el intento radical de los militares peruanos de movilizar a campesinos y trabajadores, hubo una “negativa a reconocer la legitimidad del conflicto social y la voluntad de imponer un tipo de colectivismo autoritario bajo el cual el conflicto ya no se produciría”.[47] También, los oficiales dejaron en claro que por más radicales que fueran estas necesarias políticas, se llevarían a cabo dentro de un modelo “occidental y cristiano”.[48]

El ejército peruano, al igual que su homólogo de Brasil, convirtió al Estado en un participante importante en la economía nacional. De hecho, fue mucho más allá que los brasileños en el sector financiero. Los bancos se nacionalizaron en 1970 y el Estado comenzó a establecer industrias pesadas y a hacerse cargo de minas, fábricas y, en gran medida, de la economía exportadora. El capitalismo de Estado se convertió, entonces, en el modelo dominante de la economía nacional y duró mucho más allá de la caída del régimen militar.[49] Aparte de la distribución masiva de la tierra, el gobierno creó SINAMOS para promover las cooperativas de campesinos y trabajadores y otras organizaciones autónomas de base. Todas las haciendas confiscadas se convirtieron en cooperativas autónomas y el régimen estableció una confederación sindical agraria nacional diseñada para controlar a los campesinos movilizados y los trabajadores rurales que tanto habían agitado la escena nacional en los años anteriores.[50]

A excepción de su falta de violencia estatal sistemática, el experimento de Velasco fue el más cercano a la experiencia militar brasileña, ya que buena parte de la clase de oficiales creía que la reforma social y económica era esencial para modernizar el país. En el caso de Chile, fueron los asesores civiles más que los militares los que produjeron cambios sociales y económicos y, de hecho, sólo una figura militar estaba dispuesta a comprometerse con esta reforma: el dictador. También se debe enfatizar que todos estos militares reformistas tenían como objetivo básico de estas reformas, anticipar —y esencialmente neutralizar— la protesta popular y cualquier posible reforma desde abajo.

El régimen cívico-militar de Uruguay, que se extendió desde 1973 hasta 1985, fue una extraña alternativa a los otros regímenes autoritarios del período. Uruguay, al igual que Perú, Argentina y Brasil, experimentó un importante movimiento guerrillero en los años sesenta y principios de los setenta. La versión uruguaya era conocida como los Tupamaros o Movimiento Liberación Nacional (MNL-T), fundado en 1960. Los Tupamaros propusieron la lucha armada urbana como la única manera de alcanzar la revolución socialista.[51] De hecho, se estimó que en 1969 hubo más violencia armada contra el gobierno uruguayo que en cualquier otro país de América Latina en ese año. Inicialmente, los Tupamaros tuvieron un gran apoyo popular, hasta el asesinato del asesor de la policía estadounidense, Dan Mitrone, en agosto de 1970, que llevó a muchos uruguayos a rechazar la violencia armada. Aunque fue la Policía quien se ocupó principalmente de los Tupamaros hasta 1971, ese año el Ejército se hizo cargo.[52] En pocos meses, el movimiento fue destruido y, a principios de 1972, el Ejército declaró que el movimiento guerrillero había sido eliminado.[53] Pero los oficiales, tras haber probado un mayor poder, decidieron tomar el control del gobierno al año siguiente.[54] En abril de 1972, el Congreso declaró el estado de emergencia permanente y revocó todas las libertades civiles; meses más tarde, en febrero de 1973, el Ejército encabezó una rebelión abierta contra el nuevo Ministro de Defensa y forzó su retiro. Incapaz de montar una oposición seria, el presidente Juan María Bordaberry aceptó que los oficiales se involucraran directamente en el gobierno nacional. En este mismo período tuvo lugar un cambio profundo en la organización política tradicional uruguaya. A los partidos tradicionales, Colorado y Blanco, se sumaba en 1971 el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierdas que reunía desde comunistas hasta demócratas cristianos, incluyendo disidentes de los tradicionales Partido Colorado y Partido Blanco. Ese año, el Frente Amplio participó en las elecciones presidenciales y legislativas, recibiendo un significativo 18% de los votos presidenciales y obteniendo 5 bancas de senadores y 18 de diputados en el Congreso.[55] Sin embargo, en junio, el presidente y los militares pidieron la expulsión del Senado de uno de los miembros electos del nuevo partido, lo que el Congreso se negó a hacer. El resultado fue que el 27 de junio Bordaberry disolvió el Congreso y así comenzaron, formalmente, unos once años de gobierno autoritario civil-militar. Se impuso una severa censura, se cerraron numerosos periódicos, y finalmente se produjo un uso sistemático y continuado de la tortura y el encarcelamiento masivo. En este violento período, el Ejército abandonó cualquier postura reformista seria o cualquier vestigio de norma democrática. En 1976 los oficiales decidieron reemplazar a Bordaberry con otro presidente civil pasivo. La razón principal de su expulsión fue su propuesta de abolir los dos partidos políticos tradicionales —por entonces suspendidos— y dirigir un régimen autoritario directo. Los oficiales se negaron a tomar tal medida y permanecieron comprometidos con un papel tutelar, preparándose para la eventual re-democratización del país, aunque con las esperadas restricciones habituales y largos años de preparación.[56] Al mismo tiempo, el golpe argentino de ese año le permitió a Uruguay crear con Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia un frente unido de regímenes militares, conocido como Plan Cóndor, dedicado a la búsqueda transfronteriza sistemática de exiliados revolucionarios y líderes progresistas.[57] Aunque el régimen no adoptó en forma sistemática los escuadrones de la muerte argentinos y chilenos, en 1976 tenía la mayor población de reclusos per cápita en América del Sur.[58]

Pero si los asesinatos fueron moderados, el ataque masivo al empleo de trabajadores de centro y de izquierda en el gobierno fue incluso más extremo que en la mayoría de los otros regímenes autoritarios. Adoptando las normas militares brasileñas de gobierno, los generales uruguayos emitieron muchas de las llamadas leyes institucionales que modificaron la constitución básica del país. En 1977 se firmó el decreto institucional AI-7, que clasificó a todos los ciudadanos uruguayos en tres clases según su actividad política pasada. En lo sucesivo, a todas las personas clasificadas B y C se les impidió ocupar cargos gubernamentales, lo que implicó el despido de 10.000 trabajadores estatales. Cualesquiera que fueran las tendencias progresistas “peruanas” que aún perduraran en el comando militar, fueron eliminadas ese año con el nuevo Acta Orgánica Militar, con la que los generales conservadores adoptaron un plan de jubilación al estilo de Pinochet que les permitió obviar los requisitos habituales de carrera. El resultado fue el pase a retiro forzado de 450 oficiales y subalternos. Finalmente, con el Acta Institucional AI-8 de ese año, el ejército destruyó la independencia del Poder Judicial.[59]

La incorporación progresiva de empresarios y personal técnico en las sucesivas administraciones militares impulsó una política más neoliberal, pero el Ejército permanecía reacio a abrir por completo la economía, y si bien hubo un crecimiento económico hasta la crisis de la deuda mexicana de 1982, este crecimiento estuvo acompañado por un aumento de la deuda pública, una significativa e incontrolada inflación, y una disminución de salarios reales en una evolución no muy diferente a la de las otras economías autoritarias regionales del período.[60]

Aunque el Ejército propuso una “apertura” muy lenta, permitió a los partidos tradicionales reorganizarse y elegir a nuevos conductores en 1982, lo cual llevó a que los líderes de la oposición ganaran control. Al año siguiente, hubo protestas populares organizadas y comenzó a formarse una importante coalición de partidos de oposición, legales e ilegales, contra el régimen que, a su vez, abandonó lentamente su campaña de violencia, permitiendo paulatinamente el retorno limitado de exiliados y la liberación de presos políticos. Finalmente, en 1984 tuvo lugar otro plebiscito, seguido de las elecciones presidenciales formales, y el fin del gobierno militar.[61]

El caso del régimen militar en Bolivia reflejó mucho de los procesos que tuvieron lugar en Chile y Argentina, pero se desarrolló de manera muy diferente debido tanto a la evolución previa de la política y la sociedad bolivianas como a la naturaleza del establishment militar, mucho menos jerárquica y organizada que la de otros militares nacionales. Bolivia había experimentado una revolución social y económica en 1952 impulsada por un poderoso partido político que derrotó al Ejército en la revolución y lo reconstruyó bajo la tutela del victorioso Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Ese partido, comprometido con una economía controlada por el Estado y con la Reforma Agraria, creó una empresa minera estatal, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que se hizo cargo de todas las minas principales y procedió a romper efectivamente los latifundios de la región de las tierras altas y distribuir esas tierras a los ayllus, o las comunidades indígenas. Otorgó el sufragio universal a todos los ciudadanos, incluidos los analfabetos y los sindicatos de campesinos armados.

Si bien la respuesta de los Estados Unidos podría haber sido su declaración habitual de que se trataba de un posible régimen comunista, el hecho de que, por un lado, creyeran que Víctor Paz Estenssoro, jefe del partido y líder de la Revolución Nacional de 1952, era tanto un fascista como un ideólogo peronista, y, por el otro, que Estados Unidos tenía inversiones mínimas en el país, implicó que el régimen escapara de ser etiquetado como una amenaza para los Estados Unidos. Dada la crisis económica desencadenada por la nacionalización y la reforma agraria, Paz Estenssoro se volvió rápidamente pro-estadounidense en su política exterior y recibió alimentos de primera necesidad y apoyo económico de los EEUU.[62]

Durante la mayor parte del período comprendido entre 1952 y mediados de los sesenta, Bolivia fue gobernada por Víctor Paz Estenssoro, elegido para su cuarto y último mandato en 1964. La elección de ese año le dio a Paz Estenssoro la victoria, pero se enfrentaba a la izquierda y el centro de su antiguo MNR, y al partido de la Falange como principal fuerza opositora y todavía enemiga implacable de Paz. Dadas las condiciones, era inevitable que el Ejército fuera alentado a regresar al poder. Así, en noviembre de 1964, el Ejército derrocó a Paz Estenssoro en un golpe de Estado relativamente incruento y puso el gobierno en manos de una junta encabezada por el vicepresidente general René Barrientos. Así, el Ejército retornaba a la política nacional, y seguiría siendo la fuerza dominante del gobierno nacional hasta 1982.

Durante los siguientes dieciocho años, diversos grupos e instituciones de la sociedad lucharían por dominar las fuerzas que se habían desatado en el período de la Revolución Nacional. Los oficiales militares más jóvenes que habían llegado al poder bajo el MNR, hostiles a la política democrática y al trabajo organizado, debían crear una compleja alianza con los campesinos. Estos oficiales justificaban la legitimidad de los gobiernos autoritarios militares como la única solución para la modernización, una ideología prevaleciente en todo el continente americano en este período.

Pero la institución militar en sí era bastante laxa. Los oficiales principales a menudo violaban las reglas de promoción y estaban más divididos por el conflicto ideológico que la mayoría de los otros ejércitos regionales, debido a su reciente renacimiento y la fuerte influencia de las reformas que habían llevado a cabo los gobiernos del MNR. En contraste con las organizaciones militares de Chile, Argentina y Brasil, más tradicionales y más firmemente jerárquicas, la clase de oficiales bolivianos era mucho más impredecible. En consecuencia, la era de regímenes militares estuvo caracterizada por cambios radicales de perspectiva, por cambios abruptos de régimen y por la aparición constante de nuevas e inesperadas personalidades. Sin embargo, a pesar de todos los cambios rápidos y a menudo aparentemente aleatorios, existían una serie de acuerdos básicos que rara vez se modificaban. Estas coaliciones se basaron en la aceptación por parte del Ejército de las reformas sociales y económicas básicas de la Revolución Nacional y, sobre todo, en un compromiso firme con la Reforma Agraria y la movilización del campesinado. Ni siquiera el régimen de Velasco Alvarado en Perú estaba tan atado a la base campesina como los oficiales bolivianos. Fue su reconocimiento y aceptación activa del campesinado lo que calificaría a estos nuevos regímenes militares como semi-populistas, esencialmente basados ​​en una alianza de campesinos y militares, alianza no explicitada con frecuencia pero, de todos modos, en pleno funcionamiento. Estas características se expresaron claramente en el primero de estos regímenes, el de René Barrientos, que estableció la mayoría de las normas básicas que dominarían a los gobiernos militares en los años siguientes.[63]

El régimen de Barrientos mostró rápidamente su implacable hostilidad hacia los trabajadores organizados y la izquierda. Buscó su apoyo urbano en una nueva coalición gubernamental entre demócratas cristianos y falangistas; pero desde un principio dio apoyo incondicional a las reformas revolucionarias que afectaban a los campesinos, tales como la Reforma Agraria y el sufragio universal. Uno de los primeros actos del nuevo régimen —apoyado por cada régimen militar posterior, de izquierda y derecha— fue declarar su apoyo inquebrantable a la Reforma Agraria y aumentar rápidamente la distribución de títulos de propiedad. También brindó asistencia completa a los programas de asistencia social, a la educación rural y a los sindicatos campesinos, que conservaron sus armas y recibieron protección. De hecho, el régimen de Barrientos se convirtió en el más popular en el campo después del de Víctor Paz Estenssoro. El resultado fue un régimen militar urbano, populista, conservador y antiobrero, aliado con el campesinado indio; una coalición poderosa que sólo la corrupción desenfrenada y la inestabilidad del propio ejército volvieron inviable.

El régimen de Barrientos logró desmantelar el sindicato minero (FSTMB), dio de baja a unos 6.000 mineros de la empresa estatal de minería COMIBOL e incluso masacró a mineros en huelga la noche de San Juan, en junio de 1967, en las minas Catavi-Siglo XX. Barrientos logró temporalmente decapitar el movimiento sindical, pero no erradicó su poder potencial. El movimiento obrero boliviano se había radicalizado en la década de 1940 y resistió con éxito las repetidas intervenciones y represiones que la sucesión de regímenes militares intentó después de 1964. El uso casi constante de tropas en las minas logró aislar y controlar temporalmente al movimiento obrero, otrora todo poderoso. Sin embargo, a pesar de la aparente desintegración de la oposición legal de izquierda, la hostilidad de los trabajadores hacia el régimen no disminuyó, y por primera vez desde 1952, el gobierno de La Paz comenzó a experimentar problemas con la rebelión armada.

Si bien varios grupos guerrilleros pequeños de base intelectual, en su mayoría urbanos, comenzaron a operar durante el período Barrientos, el caso más importante de rebelión provino de una fuente totalmente externa a la escena nacional. En marzo de 1966, el revolucionario argentino Che Guevara llegaba a Bolivia. Al establecer un campamento base en la provincia de Santa Cruz, el Che no logró comunicarse ni trabajar con los mineros. En marzo de 1967, un año después de su llegada, el Che y su grupo en Ñancahuazú tuvieron el primer enfrentamiento con el Ejército boliviano. Con el fuerte apoyo de los Estados Unidos, Barrientos y su Jefe de Estado Mayor, el General Alfredo Ovando, aplastaron a los rebeldes. En abril, Regis Debray, el filósofo y escritor francés que acompañaba al Che, fue capturado, y en octubre, lo serían los rebeldes y el Che sería ejecutado. Así, Barrientos pudo sobrevivir a la oposición armada de la izquierda e incluso retener un vasto apoyo popular entre el campesinado y la clase media. No hay duda de que cuando murió en un accidente aéreo en abril de 1969, todavía tenía el control total de la nación. A pesar de la corrupción del régimen, Barrientos demostró ser un político tan consumado que seguramente hubiera podido ganar un segundo mandato en elecciones abiertas.

La casta militar que apoyaba a Barrientos era incapaz de mantener su posición ideológica y política. Permanecieron divididos y corruptos; a pesar de su pasado y su experiencia en común, sus preferencias políticas diferían ampliamente, por lo que no había ninguna garantía de que sus historias pasadas fueran una guía para sus posiciones políticas futuras. Todo esto se hizo evidente en los regímenes que reemplazaron a Barrientos. Desde 1969 hasta 1982, surgió un régimen militar tras otro, con políticas que se extendieron desde la extrema izquierda (Torres) hasta el reformismo (Ovando y Barrientos) y la derecha reaccionaria (Banzer, Meza). Las políticas gubernamentales dependieron completamente de las personalidades e ideas de los oficiales individuales que detentaban el poder y no reflejaban, en absoluto, una posición coherente del Ejército. En este período, en la mayoría de los estados principales de Sudamérica, el Ejército presentaba una personalidad corporativa y una política común hacia el mundo civil; no fue éste el caso de Bolivia. Finalmente, la renuncia forzada de la última junta militar en septiembre de 1982 y la decisión de convocar al Congreso que había sido elegido en 1980, puso fin a la era del régimen autoritario militar en Bolivia.

Así, hubo similitudes entre la mayoría de los regímenes militares sudamericanos: supresión de congresos, partidos y medios de comunicación, y aplicación de la violencia estatal orientada a la desmovilización de la sociedad. Todos estos regímenes constituyeron la respuesta autoritaria a las nuevas demandas y el nuevo poder de campesinos y campesinos sin tierra, del movimiento obrero industrial y de la expansión de las clases medias urbanas. Al igual que los Estados Unidos, asumieron que estas demandas conducirían inevitablemente a regímenes socialistas o comunistas; de modo que fueron apoyados por las clases altas tradicionales que ya no aceptaban el sistema democrático y estaban dispuestas a acudir a los militares en defensa de sus propios intereses económicos.

Aunque la “amenaza” percibida fuera más o menos inmediata o más o menos intensa en cada país en los años anteriores a los golpes, una vez en el poder, los militares sudamericanos dieron una respuesta común: casi todos respondieron con una violencia despiadada que a menudo no tenía relación alguna con la “amenaza” original. No importa cuán profesionales fueran: “tan pronto como los militares definieron a sus compatriotas como enemigos contra los cuales se debía librar una guerra total, toda medida represiva concebible se convirtió en justificable.”[64] Con la excepción de Perú, todos estos regímenes experimentaron, en un momento u otro, períodos de violencia descontrolada patrocinada por el Estado contra sus ciudadanos, con variados niveles de asesinatos, torturas, encarcelamientos y exilios. En contraste con el “teatro” latinoamericano de protestas y conflictos anterior a la década de 1960, ninguna clase o grupo estaba ahora exento de la violencia estatal; y las habituales instituciones paliativas como la familia, las amistades y la clase resultaron poco efectivas frente a este terror estatal que a menudo no conocía límites, como lo demuestra el asesinato argentino de mujeres embarazadas y la apropiación de sus hijos.

Pero estos gobiernos autoritarios diferían en cómo responder a estas nuevas demandas sociales y económicas de cambio. Algunos, simplemente reprimieron a todas las organizaciones y partidos que propugnaran la transformación social y trataron de hacer retroceder las agujas del reloj, destruyendo las asociaciones, partidos e instituciones de la sociedad civil y matando o encarcelando a revolucionarios, liberales o progresistas que pudieran promover el cambio. Esto quedó claramente ejemplificado en la experiencia argentina y uruguaya. En otros, se pensaba que sólo los militares podían modernizar y desarrollar la sociedad y, por tanto, se negaba la necesidad de una reforma social profunda, ya que se suponía que las poblaciones serían más ricas, mejor educadas y, en consecuencia, ya no aceptarían soluciones radicales. Los casos clásicos de esta alternativa fueron Brasil y Perú, cuya clase técnica tenía una larga historia en el estudio de estos problemas y en la formulación de ideas sobre lo que los militares debían hacer para promover dicho cambio. Y luego estuvo la experiencia chilena, con su intento de modernizar la sociedad a través de una reforma neoliberal que se llevó a cabo bajo un dictador aliado con tecnócratas civiles conservadores y en la que la clase de oficiales aportó muy poco. El caso de Bolivia, aunque compartió los feroces aspectos antidemocráticos, también constituye un caso aparte. Allí, el Ejército contaba con una clase de oficiales más nueva, de orígenes menos tradiciones y más humildes que los militares de otros estados. Además, todavía estaba comprometido con la reforma agraria y basaba su apoyo, únicamente, no en la clase alta ni en la Iglesia, sino en un campesinado amerindio recientemente emancipado y organizado en poderosos sindicatos rurales y ayllus o gobiernos comunitarios. En muchos sentidos, el ejército boliviano reflejaba mejor la naturaleza especial de la sociedad boliviana posterior a 1952 que los ejércitos más altamente estructurados de los países económicamente más avanzados de la región.

Finalmente, vale la pena señalar que, por más que los partidos políticos de centro izquierda y derecha estuvieran divididos antes de que estos regímenes autoritarios llegaran al poder, los niveles históricamente inusuales y nuevos de violencia estatal que promovieron forzaron, finalmente, una reevaluación básica de todas las partes en torno a las negociaciones democráticas. En la izquierda, el tema de los derechos humanos devino en tema de preocupación y la lucha armada fue rechazada como experimento fallido. Para los partidos del centro, la neutralidad dejó de ser una posibilidad en tanto los regímenes mataron a miembros de la clase media y alta. Por su parte, los partidos de la derecha se dieron cuenta, finalmente, de que no podían confiar en que los militares protegieran sus intereses. Los regímenes militares dividieron a la élite en partidarios y no partidarios; y alentaron un capitalismo de amigos y economías nada transparentes con campos de juego desnivelados.

Así, el impacto final de todos estos regímenes militares fue un importante fortalecimiento del proceso democrático en América Latina. No es casual que en la segunda década del siglo XXI dos líderes guerrilleros se convirtieran en presidentes en Brasil y Uruguay y que un socialista torturado por el régimen de Pinochet fuera elegido presidente de Chile por dos términos.

[Traducción del inglés: Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM-CONICET)]

 

 

  1. Lars Schoultz, Beneath the United States: a history of US policy toward Latin America, Cambridge, Harvard University Press, 1998, p. 334.

  2. Citado en Shoulz, op. cit., p. 338.

  3. Milton Eisenhower, “Report to the President”, Department of State Bulletin, Vol. 23, November, 1953, p. 698.

  4. Citado en Shoulz, op. cit., p. 339.

  5. Para 1974 la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá había entrenado 30.000 oficiales latinoamericanos. Los cursos eran dictados en español y en portugués y daban especial “énfasis al adoctrinamiento anticomunista y pro-americano”. El entrenamiento de los oficiales de mayor rango tenía lugar en los EEUU, en las mismas escuelas militares superiores destinadas a los cuerpos de oficiales norteamericanos. En total, entre 1950 y 1970, EEUU entrenó alrededor de 41.000 militares latinoamericanos en Panamá o EEUU. Para más detalles sobre la asistencia y el entrenamiento militar en este período, ver: Alain Rouquié, The Military and the State in Latin America, Berkeley, University of California Press, 1982, pp.128-150, y tabla 5, p. 135.

  6. Shoulz, op. cit., p. 340

  7. Peter Smith, Talons of the Eagle, Latin America, the United States, and the World, 4° ed., New York, Oxford University Press, 2012, p.129.

  8. Vale la pena señalar que los regímenes autoritarios resultantes que siguieron a la invasión fueron ferozmente anticomunistas, antidemocráticos y perpetuadores de una guerra civil masiva y cruenta “de casi cuatro décadas que causó 250,000 muertos y 50,000 detenidos-desaparecidos”, El Pais, 2 de julio de 2014, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/02/actualidad/1404316341_759707.html. Sobre esta Guerra genocida, impulsada por la derecha y los militares en el período posterior a 1954, ver: Greg Grandin, The last colonial massacre: Latin America in the Cold War, Chicago, University of Chicago Press, 2011.

  9. La decisión de Carter de no apoyar activamente a los regímenes militares fue crucial para que las fuerzas democráticas puedieran organizarse y expulsar a los militares. Pero realmente tuvo poco impacto en la ayuda estadounidense que aún fluía principalmente a los regímenes más represivos. Ver: Lars Schoultz, “U.S. Foreign Policy and Human Rights Violations in Latin America: A Comparative Analysis of Foreign Aid Distributions”, Comparative Politics, Vol. 13, n° 2, Enero 1981, pp. 149-170.

  10. Michael Grow, US presidents and Latin American interventions: pursuing regime change in the Cold War, University Press of Kansas, 2008, cap. 3.

  11. Peter Smith, op. cit., pp. 136-137.

  12. Timoth Naftali (ed.), The Presidential Recordings of John F. Kennedy, Vol. 1, 30 de julio-agosto de 1962; New York, W.W. Norton, 2001, p. 18. Ver, también: James G. Hershberg y Peter Kornbluh, “Brazil Marks 50th Anniversary of Military Coup,”, National Security Archive Electronic Briefing, libro n° 465, subido el 2 de abril de 2014, 16 páginas, disponible en: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB465/ 1/

  13. Hershberg and Kornbluth, op. cit., pp. 4-5.

  14. Ibíd., p. 14.

  15. Gaddis Smith, The last years of the Monroe Doctrine, 1945-1993, New York, Macmillan, 1995, p. 121. Es indudable que Goulart enfrentó grandes conflictos por sus diversas reformas y políticas; pero es cuestionable que hubiera sido derrocado sin una interferencia estadounidense importante y sistemática. Esta es la conclusión a la que se llegó en la mejor encuesta del período Goulart. Ver: Luiz Alberto Moniz Bandeira, O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964, 7th ed., Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2001, pp. 173-184 y 201-205.

  16. Hershberg and Kornbluth, op. cit., pp. 16-17.

  17. Ibíd.., p. 17.

  18. Este poder “moderador” del ejército se usó activamente para controlar al gobierno en el período de 1945-1964. Ver: Alfred C. Stepan, The military in politics: changing patterns in Brazil, Princeton, Princeton University Press, 1971, cap. 5; Thomas E. Skidmore, Politics in Brazil, 1930-1964: an experiment in democracy, New York, Oxford University Press, 1967 y Thomas E. Skidmore, The politics of military rule in Brazil, 1964-1985, Oxford University Press, 1988, cap. 1. Sobre las diferentes facciones e ideologías que surgieron entre los líderes militares durante este período, ver: José Pedro Kunhavalik, Os Militares e o Conceito de Nacionalismo: disputas retóricas na década de 1950 e início dos anos 1960, Tesis de Doctorado en Sociología, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.

  19. En las primeras etapas de la escuela, una proporción considerable de los materiales didácticos utilizados eran traducciones de documentos militares de los Estados Unidos, especialmente sobre Seguridad Nacional y Geopolítica. Ver: Eduardo Munhoz Svartman, Guardiões da Nação: Formação profissional, experiências compartilhadas e engajamento político dos generais de 1964, Porto Alegre, Tesis de Doctorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006, p. 183. Esto fue parte de una interacción constante entre los oficiales brasileños y el establecimiento militar de Estados Unidos, que incluyó la formación de cientos de oficiales brasileños en escuelas militares en América del Norte y otros cientos en la Zona del Canal de Panamá. Más aún, Estados Unidos se convirtió en la mayor fuente de armamentos brasileños en este período. Desde la década de 1950 hasta la década de 1980, Estados Unidos suministró la mayor parte de las importaciones de armas de Brasil para los tres servicios. Pero el creciente desencanto con la presión de los Estados Unidos sobre las armas nucleares y los derechos humanos bajo Carter llevó a Geisel a poner fin al Acuerdo Militar de 1952. Desde entonces, la producción nacional y los proveedores europeos han reemplazado la posición dominante de los Estados Unidos. Eduardo Munhoz Svartman, “Brazil–United States Military relations during the Cold War: Political Dynamic and Arms transfers”, Brazilian Political Science Review, Vol. 5, n° 2, 2012, pp. 75-93.

  20. Sobre el origen y fundación de la escuela y la historia de sus fundadores, ver: Francisco César Alves Ferraz, À sombra dos carvalhos: Escola Superior de Guerra e política no Brasil, 1948-1955, Londrina, Editora Uel, 1997, pp.21-33; y Alfred Stepan, op. cit., pp. 174-178; 184. Sobre los vínculos entre los oficiales y la elite, ver: Elio Gaspari, A Ditadura Envergonhada, São Paulo, Companhia das Letras, 2002, y René Armand Dreifuss, 1964, A Conquista do Estado: Ação política, poder e golpe de Classe, 5a ed., Petrópolis, Vozes, 1987.

  21. A diferencia del caso brasileño, en el que todos sectores del gobierno de los Estados Unidos apoyaron la intervención, el gobierno de Nixon, contaminado por el Watergate y la guerra de Vietnam, mantuvo a la CIA y la embajada de los EEUU desinformadas de sus actividades, y trató directamente con los líderes golpistas a través de su misión naval, que proporcionó un fuerte apoyo de los Estados Unidos, directamente de Nixon y Kissinger. Para la última investigación sobre este asunto, ver: Jonathan Halam, The Nixon administration and the death of Allende’s Chile: a case of assisted suicide, London, Verso, 2005, cap. 7.

  22. Una útil investigación sobre los conflictos centroamericanos puede encontrarse en: Peter Smith, op. cit., pp.168-175.

  23. Michael Reid, Forgotten Continent: the battle for Latin America’s soul, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 120-121.

  24. Sobre las transformaciones de la ideología de izquierda en este período, ver, por ejemplo, Vania Markarian, Left in Transformation: Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Network, 1967-1984, London: Routledge, 2013. [Hay edición castellana: Idos y recién llegados, La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1967-1984), Montevideo, Ed. La Vasija/ UDELAR/ Correo del Maestro, 2006. N. de T].

  25. En su análisis sobre los regímenes burocrático-autoritarios, O’ Donnell ubica la instalación de este régimen en Argentina con el golpe de Estado de Juan C. Onganía, en junio de 1966. Ver: Guillermo O’Donnell, “Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic-Authoritarian State,” Latin American Research Review, Vol. 13, n° 1, 1978, p.7. [Ver también: El Estado Burocrático Autoritario, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982. N. de T.]

  26. La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) documentó 9.000 desapariciones, mientras que la cifra estimada y esgrimida por las organizaciones de derechos humanos es de 30.000. Un análisis pormenorizado sobre la maquinaria de tortura y exterminio sistemático puede verse en: Marcos Navarro y Vicente Palmero, La dictadura militar, 1976-1983. Del golpe de estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003. El propio general Videla admitió, finalmente, entre 7000 y 8000 “desaparecidos” en su última defensa oral ante la Justicia. Ver el informe Reuters en: http://www.reuters.com/article/2012/04/14/us-argentina-dictator-idUSBRE83D0CK20120414.

  27. Sobre la extraordinaria ideología de los militares en este período, ver el estudio clásico de Marguerite Feitlowitz, A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture, New York, Oxford University Press, 2011.

  28. Como varios autores han señalado, los intentos modestos del régimen militar argentino por una reforma económica liberal fueron totalmente infructuosos, ya que la mayoría de los oficiales militares siguieron siendo proteccionistas y estatistas y se opusieron a tales cambios. Una serie de ministros económicos liberales intentaron abrir la economía, pero en 1983 había más empresas estatales que en 1976. Además, las políticas económicas del gobierno militar aumentaron la inflación y la deuda del Estado y continuaron el grave declive económico que había comenzado bajo el gobierno de Onganía. Ver: Glen Biglaiser, Guardians of the nation? Economists, generals, and economic reform in Latin America, Indiana, University of Notre Dame Press, 2002, pp. 102-106; Jerry Dávila, Dictatorship in South America, Chichester, West Sussex, Wiley-Blackwell, 2013, cap. 5; y Novarro and Palermo, op. cit., cap 4.

  29. Carlos Huneeus, The Pinochet Regime, Colo, Lynne Reinner, 2007, pp. 4-5.

  30. Estas figuras comparativas provienen del dossier organizado por el periódico de San Pablo, Folha, 23/03/ 2014, disponible en: http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/o-acerto-de-contas.html. Un estimado de 500 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar de Brasil. Ver: http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pagina.php?id=221

  31. Los conflictos con naciones extranjeras que incluso podrían haber simpatizado con Chile se debieron a la despiadada caza de sus nacionales o a la negación de medidas de seguridad para con los refugiados en las embajadas locales. Ver: Heraldo Muñoz, “Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno,” Revista Mexicana de Sociología, Vol. 44, n° 2, abril-junio de 1982, pp. 581-583.

  32. La revisión estándar de la crisis del régimen de Allende y los orígenes de la revuelta militar se presenta en: Arturo Valenzuela, The breakdown of democratic regimes, Chile, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978. Aunque el autor dice poco acerca del rol de los EEUU en el golpe, sí da cuenta de la planificación militar del golpe entre julio y septiembre de 1973, a través de incesantes redadas militares —no controladas por el gobierno de Allende— en busca de un arsenal obrero de armas supuestamente obrero, y la presión sistemática para obligar a todos los generales y almirantes liberales a pasar a retiro, (Valenzuela, op. cit., pp. 101-105).

  33. Si había alguna coherencia en el pensamiento militar respecto de la economía, ésta era un compromiso con el control estatal de la industria nacional. Como Biglaiser ha notado, la mayoría de los principales oficiales de todos estos regímenes militares de la Guerra Fría eran proteccionistas y estaban comprometidos con un fuerte control estatal sobre la economía por razones institucionales: querían una industria nacional de armas y también empleos lucrativos en la industria estatal para sus partidarios subalternos, ver: Biglaiser, op. cit., p.11. De hecho, esta posición fue apoyada por el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, quien finalmente fue expulsado por Pinochet. Ver: Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, “Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar, Chile 1973-1979,” en Historia, Santiago, Vol. 34, 2001, pp. 167-226. Pero cuán limitado fue el pensamiento militar chileno en términos de reformas económicas o sociales, puede verse en la colección de documentos de ideología y planificación militar presentados en: Augusto Varas and Felipe Agüero, El proyecto político militar, Santiago, FLACSO, 1984.

  34. Sobre los orígenes sociales de este grupo, ver: Carlos Huneeus, “Technocrats and Politicians in an Authoritarian Regime. The ‘ODEPLAN Boys’ and the ‘Gremialists’ in Pinochet’s Chile”, Journal of Latin American Studies, Vol. 32, n° 2, mayo 2000, pp. 461-501. Sobre su prevalecimiento dentro del gobierno de Pinochet, y su coherencia ideológica que los aisló de los grupos de presión tanto miliar como civil, ver: Biglaiser, op. cit., pp. 95-100.

  35. Sobre estas reformas económicas ver: Alejandro Foxley, “The Neoconservative Economic Experiment in Chile,” en J. Samuel Valenzuela and Aruturo Valenzuela (eds.), Military Rule in Chile, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986; y Ricardo Ffrench-Davis, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile, Santiago de Chile, JC Sáez Editor, 2003. Para el informe influyente del Banco Mundial que respalda estos cambios y los promueve para el resto del mundo, ver: World Bank, Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford and New York, Oxford University Press, 1994.

  36. New York Times, “The Pinochet Money Trail,” 12/12/ 2004.

  37. Carlos Huneeus, The Pinochet Regime, op. cit., pp. 15, 282 y 338. Vale la pena señalar que los militares no le permitieron a Pinochet privatizar la vital industria minera del cobre.

  38. El plebiscito tuvo una tasa de participación de votantes del 92%, la más alta en la historia chilena. Ver: Patricio Navia, “Participación electoral en Chile, 1988-2001”, Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, vol. XXIV, n°1, 2004, p. 91. Para los resultados del sufragio ver: Huneeus, op. cit., p. 420. Gran parte de este apoyo popular finalmente terminó en 2004 con las revelaciones sobre los millones ilegales de Pinochet en el Riggs Bank de Washington DC y en otros. Ver: New York Times, “The Pinochet Money Trail,” 12/12/2004.

  39. Ver: Huneeus, op. cit., pp. 80-83; y Genaro Arriagada Herrera, “The Legal and Institutional Framework of the Armed Forces in Chile”, in Valenzuela and Valenzuela (eds.), op. cit., pp. 117-143. Las pensiones militares tampoco fueron privatizadas por los Chicago Boys, por lo que, de hecho, al final del régimen, costaban un muy significativo 1.5% del PIB anual. (Huneeus, op. cit., p. 333).

  40. Ver: Alain Rouquié, op. cit., pp. 312-313.

  41. Peter Smith, op. cit., p. 176. La otra excepción fue la toma del poder en Bolivia en la Revolución de 1952 por parte del MNR. Definido por el Departamento de Estado como un movimiento pro-fascista y pro-peronista, el gobierno del MNR fue inicialmente ignorado por los Estados Unidos, que eventualmente apoyaron al régimen reformista con ayuda masiva. A su vez, Estados Unidos tuvo poca influencia sobre los regímenes militares que siguieron a la caída del MNR. De hecho, algunos de los oficiales de izquierda que llegaron al poder participaron de la captura y el asesinato del Che Guevara en 1967. Ver: Herbert S. Klein, A Concise History of Bolivia, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, cap. 8.

  42. Para un estudio de los conflictos políticos del primer régimen de Belaunde, ver: Henry Pease García, El ocaso del poder oligárquico: lucha política en la escena oficial (1968-1975), Lima, DESCO, 1977, cap. 1; y Carlos Contreras y Marcos Cueto, Historia del Perú Contemporáneo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1999, cap. 8. Para los planes de reforma, ver: Lisa L. North, “Ideological Orientations of Peru’s military Rulers,” in Cynthia McClintock and Abraham L. Lowenthal (eds.), The Peruvian Experiment Reconsidered, Princeton, Princeton University Press, 1983, pp. 245-274; and Julio Cotler, “Crisis política y populismo militar en el Perú”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 32, n° 3-4, mayo-junio de 1970.

  43. La investigación modelo de la escuela y su enseñanza es Jorge Rodriguez Beruff, Los militares y el Poder. Un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú 1948-1968, Caracas, Mosca Azul editores, 1993. Ver también: Luigi R. Einaudi, “Revolution from within? Military rule in Peru since 1968”, en Studies in Comparative International Development, Vol. 8, n°1, 1973, pp. 71-87. Los datos de asistencia se encuentran en: Jorge Rodriguez Beruff, op. cit, table 10, p. 51.

  44. Luigi Einaudi, op. cit., p. 76.

  45. Carlos A. Astiz y José Z. García, “The Peruvian Military: Achievement Orientation, Training, and Political Tendencies,” en The Western Political Quarterly, Vol. 25, n° 4, dic. 1972, p. 677. Ver también: Luigi R. Einaudi y Alfred C. Stepan, Latin American Institutional development: changing military perspectives in Peru and Brazil, Santa Monica, Rand Corporation, abril de 1971.

  46. Dirk Kruijt, “Perú: relaciones entre civiles y militares”, en Dirk Kruijt y Edelberto Torres-Rivas (coords.), América Latina: militares y sociedad II, San José de Costa Rica, FLACSO, 1991, p. 34.

  47. George D E. Philip, The rise and fall of the Peruvian military radicals, 1968-1976, London, Athlone Press, 1978, pp. 77-78.

  48. Como ha señalado Julio Cotler, el gobierno de las Fuerzas Armadas realizaría muchas de las demandas de los partidos progresistas de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cfr. Cotler, “Crisis política y populismo militar en el Perú”, pág. 763.

  49. Ver: E. V. K. Fitzgerald, The political economy of Peru, 1956-78: Economic development and the restructuring of capital, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, cap. 6; Augusto Alvarez Rodrich, “Del Estado empresario al Estado regulador,” en Julio Cotler (ed.), Perú 1964–1994. Economía, Sociedad y Política, Lima, IEP, 1995), pp. 72-75; y Luis Abugattás, Estabilización macroeconómica, reforma estructural y comportamiento industrial: la experiencia peruana, Santiago de Chile, CEPAL, Serie Reformas Económicas n° 48, 1999).

  50. Sobre estas reformas, ver: Cynthia McClintock, Peasant cooperatives and political change in Peru, Princeton, Princeton University Press, 1981; y José Matos Mar & José Manuel Mejía, La reforma agraria en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1980.

  51. Alfonso Lessa, La revolución imposible. Los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, Fin de Siglo, 2003, p. 24.

  52. Alfonso Lessa, op. cit., p. 21.

  53. Sin embargo, a pesar del encarcelamiento, la tortura, los asesinatos y el confinamiento solitario de sus líderes en diferentes prisiones del país, el MNL sobrevivió, y en el período post autoritario reorientó su ideología y se unió al Frente Amplio. En 2010 eligió a uno de sus líderes fundadores, José Mujica, como presidente. Sobre los cambios experimentados por el partido en la era post-autoritaria, ver: Adolfo Garcé, “Ideologías políticas y adaptación partidaria: el caso del MLN-Tupamaros (1985-2009)”, en Revista de Ciencia Política, Santiago, Vol. 31, n°1, 2011, pp. 117-137.

  54. Charles Guy Gillespie, Negotiating Democracy, Politicians and Generals in Uruguay, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 40-42. Sobre la historia de Tupamaros y el MLN, ver: Alain Labrousse, Una historia de los Tupamaros de Sendic a Mujica, Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2009. Tanto Gillespie como Labrousee se refieren a las acciones de Tupamaros comprendidas entre 1962 y 1970 como el período de “Robin Hood”, el más celebrado popularmente; pero después de 1970, la organización perdió su atractivo para la mayoría de los uruguayos…

  55. Ananda Simões Fernandes, Quando o inimigo ultrapassa a fronteira: as conexões repressivas entre a ditadura civil-militar brasileira eo Uruguai (1964-1973), Porto Alegre, Tesis de Maestría, Historia Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009, p. 222. Se ha informado que los militares brasileños eran especialmente hostiles al nuevo Frente Amplio y que se involucraron significativamente con la policía y los militares uruguayos a fin de sabotear la campaña electoral del nuevo partido.

  56. Como advierte Gillespie: “Mientras que Bordaberry quería un régimen autoritario institucionalizado, los militares preferían la ambigüedad de una solución autoritaria”, Gillespie, op. cit., p. 54.

  57. Virginia Martínez, Tiempos de Dictadura 1973/1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2005, pp. 13-14, 31, 61. Sobre el Plan Condor, ver: J. Patrice McSherry, Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2005. Sobre los distintos movimientos guerrilleros nacionales e internacionales, que operaban en estas naciones durante este período, ver: Aldo Marchesi, Geographies of Armed Protest: Transnational Cold War, Latin Americanism and the New Left in the Southern Cone (1964-1976), New York, NYU, 2013.

  58. Gillespie, op. cit., p. 30.

  59. Sobre la expansión progresiva del poder militar en la compleja evolución del régimen, ver: Carlos Demasi, “La evolución del campo político en la Dictadura,” en Carlos Demasi (et. Al.), La dictadura cívico militar: Uruguay, 1973-1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, pp. 15-116; y Virginia Martínez, op. cit., p. 87.

  60. Jaime Yaffe, “Proceso económico y política económica durante la dictadura (1973-1984),” en Demasi (et.al), op. cit., p. 168.

  61. Virginia Martínez, op. cit., pp. 132, 167, 181-182, 205-206. Sobre los militares durante la transición, ver: Demasi, “La evolución del campo político,” p.112. Julio María Sanguinetti ganó con el 31% de los votos, obteniendo la victoria tanto en áreas rurales como rurales. Miguel Alcántara Sáez and Ismael Crespo Martínez, Partidos políticos y procesos electorales en Uruguay (1971-1990), Madrid, CEDEAL, 1992, pp. 119-157.

  62. Sobre los orígenes y evolución de la Revolución Nacional de 1952 y sus reformas, ver: Herbert S. Klein, Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952, Cambridge, Cambridge University Press, 1969. Una buena evaluación de la Revolución Nacional puede encontrarse en: Merilee S. Grindle y Pilar Domingo, Proclaiming Revolution, Bolivia in Comparative Perspective, Cambridge, Davd Rockerfeller Center for Latin American Studies, Harvard University, 2003; y para la evolución ideológica del partido, de la promoción del socialismo de Estado al neoliberalismo, ver: Eduardo Arze Cuadros, Bolivia, El Programa del MNR y La Revolución Nacional, del Movimiento de Reforma Universitaria al ocaso del modelo neoliberal, 1928-2002, La Paz, Plural, 2002.

  63. Una muy buena investigación sobre este período es la de James Dunkerley, Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia, 1952-82, London: Verso, 1984. Ver, también: Klein, op. cit., caps. 8 y 9.

  64. Arturo Valenzuela, op. cit., p. 109.

FACEBOOK
TWITTER