Dossier Historia de conceptos en Uruguay

Nuevos saberes, nuevas profesiones, nuevos técnicos


Usos y sentidos de un término en disputa (1955-1973)

María Eugenia Jung
Archivo General de la Universidad/UDELAR

Resumen
El artículo se propone como un recorrido, entre otros posibles, de la palabra técnico, cuyo significado, así como su valoración, se fue modificando en distintas coyunturas históricas de acuerdo al rol que se atribuyó a esta figura en relación con las demandas de la sociedad, el mercado, los sectores productivos o aquellas provenientes del Estado. A partir de fuentes primarias y secundarias de variada procedencia, se intenta recuperar la voz de los actores de la época; es decir, con qué sentido y con qué propósitos aludían al término en un espacio acotado del campo intelectual y político uruguayo, en el arco de tiempo que va desde mediados de los cincuenta a comienzos de los setenta. El análisis de los cambios que el vocablo experimentó así como de algunas de las tensiones y disputas de las que fue objeto se realiza en estrecha vinculación con las transformaciones que su referente (el técnico propiamente dicho) sufrió a lo largo del período que nos ocupa. Las páginas que siguen, por tanto, profundizan en la relación entre los renovados sentidos de la voz del técnico y los procesos de institucionalización de algunas profesiones, sus vínculos con el Estado y con la política y/o los políticos, así como con el sector productivo. Se advierten, entonces, las controversias que se produjeron en el campo político e intelectual uruguayo a partir de la emergencia de esos nuevos saberes sobre la sociedad legitimados de acuerdo a pautas estandarizadas de institucionalización y a los vínculos arriba mencionados. Claramente los asuntos aquí esbozados no constituyen un fenómeno estrictamente local sino que responden a procesos globales y regionales que ejercieron su incidencia a partir de la circulación de ideas, personas y nuevas agendas.

Palabras clave
Conceptos históricos; Técnicos; Expertos; Historia Intelectual

Abstract
The article proposed a journey, among other possible, of the word technician, whose meaning, as well as its assessment, was modified in different historical junctures according to the role that was attributed to this figure in relation to the demands of society, the market, the productive sectors or those from the State. Starting from primary and secondary sources of varied origin, we try to recover the voice of the actors of the time; that is to say, with what sense and for what purposes they alluded to the term in a limited space of the Uruguayan intellectual and political field, in the period between the mid-fifties and the beginning of the seventies. The analysis of the changes that the word experienced, as well as of some of the tensions and disputes of which was subject, is carried out in close connection with the transformations that its referent (the technician himself) suffered during the period in question. The pages that follow, therefore, delve into the relationship between the renewed senses of the technician’s voice and the processes of institutionalization of some professions, their links with the State and with politics and / or politicians, as well as with the productive sector. We can see, then, the controversies that took place in the Uruguayan political and intellectual field, from the emergence of these new knowledge about society, legitimized according to standardized guidelines of institutionalization and to the aforementioned ties.

Key words
Historical concepts; Technicians; Experts; Intellectual History

La manera en que se han articulado el saber técnico y la política ha sido y es objeto de sendos estudios en el campo de las ciencias sociales. Especialmente desde la década de los noventa, en un intento por comprender y explicar las reformas estatales producidas en esos años, sociólogos y politólogos volcaron su atención hacia la conformación de las tecnocracias latinoamericanas, analizando el ascenso de algunas profesiones, caso de la Ciencia Económica, y su intervención en la definición del contenido de las políticas públicas.[1] A nivel local estos temas también han sido objeto de preocupación por parte de las ciencias sociales. Se destaca especialmente la línea de investigación que desarrolla el politólogo Adolfo Garcé sobre las complejas relaciones entre la producción de conocimiento social y la formulación de políticas de Estado en Uruguay.[2] La historiografía, por su parte, se ha acercado más tardíamente a estos asuntos de la mano de los desarrollos de la historia intelectual, en franco crecimiento en la región, y su renovado interés por los intelectuales como grupo social. Desde esa perspectiva un importante caudal de investigaciones se ha focalizado en el papel social de las universidades, intelectuales y técnicos en el marco de los procesos de modernización económica y social. Asimismo, otros trabajos han profundizado en la relación dialéctica entre la constitución del Estado moderno, la conformación de las élites técnicas estatales y la circulación transnacional de ideas y modelos.[3] Este artículo se inscribe en esta tradición al tiempo que responde a un interés historiográfico, también relativamente reciente, por reconstruir la historicidad de las palabras y conceptos, es decir el significado que a éstos le asignaron los protagonistas del pasado que se estudia. Las palabras son entendidas, así, como un campo de disputa de sentidos por parte de diferentes actores sociales y políticos.[4]

 

Dicho esto, el artículo se propone como un recorrido, entre otros posibles, de la palabra técnico, cuyo significado, así como su valoración, se fue modificando de acuerdo al rol que se atribuyó a esta figura en relación con las demandas de la sociedad, el mercado, los sectores productivos o aquellas provenientes del Estado. A partir de fuentes primarias y secundarias de variada procedencia, se intenta recuperar la voz de los actores de la época; es decir con qué sentido y con qué propósitos aludían al término en un espacio acotado del campo intelectual y político. El análisis de los cambios que el vocablo experimentó, así como de algunas de las tensiones y disputas de las que fue objeto, se realiza en estrecha vinculación con las transformaciones que su referente (el técnico propiamente dicho) sufrió a lo largo del período que nos ocupa. Las páginas que siguen, por tanto, profundizan en la relación entre los renovados sentidos de la voz técnico con los procesos de institucionalización de algunas profesiones, sus vínculos con el Estado y con la política y/o los políticos, así como con el sector productivo. Se advierten, entonces, las controversias que se produjeron en el campo político e intelectual uruguayo a partir de la emergencia de esos nuevos saberes sobre la sociedad legitimados de acuerdo a pautas estandarizadas de institucionalización y a los vínculos arriba mencionados. Por último, señalemos que los asuntos aquí esbozados no constituyen un fenómeno estrictamente local, sino que responden a procesos globales y regionales que ejercieron su incidencia a partir de la circulación de ideas, personas y nuevas agendas.

Entre viejos y nuevos técnicos

La Real Academia Española (DRAE) en su edición de 1917 establece que técnico es el individuo que posee Lconocimientos especiales de una ciencia y un artec. Esta definición, que aún se mantiene, fue ampliada al incluir tanto al conjunto de procedimientos y recursos como a quienes poseen .pericia o habilidadp en el uso de los mismos. Es decir, en términos generales, son personas que poseen tanto un conocimiento especializado como habilidades propias que pueden ser adquiridas a partir de una formación académica o no y que las habilita a intervenir en áreas específicas. Más allá de su definición estrictamente lexicográfica, el sustantivo adquirió diversos significados y usos al aludir a distintas profesiones y a sus portadores en diferentes coyunturas históricas. Técnico, por tanto, no es un término nuevo como tampoco lo es la demanda de saberes expertos por parte del Estado y/o del sector privado. En Uruguay se advierte la presencia tanto de la figura, asociada a determinadas profesiones, como de la palabra que la designa por lo menos desde mediados del siglo XIX, mientras la región se encontraba en pleno proceso de construcción estatal. Abogados, médicos e ingenieros contribuyeron en esa etapa a la demarcación de las fronteras entre lo público y lo privado, a la unificación del Estado y a la creación de una infraestructura (vialidad, transportes, comunicaciones) que la hiciera posible.[5] El novecientos los vio afianzarse íntimamente ligados a la acción estatal. La palabra técnico, sin embargo, fue generalmente utilizada para aquellas áreas del conocimiento de aplicación práctica y de impacto directo en los sectores económicos que el Estado pretendía apuntalar.

En estos años entonces se priorizó la formación y entrenamiento de especialistas volcados a la realización de obras básicas para la modernización del país; asunto de temprana preocupación por parte de las élites dirigentes y que se mantuvo en las primeras décadas del siglo XX. Sin duda, el primer batllismo, en el marco de su modelo agroindustrial, continuó y consolidó esta tendencia, al demostrar un pronunciado interés por la formación de técnicos en dos niveles: profesionales (particularmente ingenieros civiles e ingenieros agrónomos) que pudieran liderar el proceso industrializador ya sea en el ámbito estatal, en el diseño de políticas y el trazado de sus principales orientaciones, o en el privado-empresarial, y la capacitación de mano de obra altamente calificada y diestra en el manejo de tecnologías que mejoraran los rendimientos de la producción.

El historiador de la ciencia Alción Cheroni ha demostrado cómo en este período los ingenieros civiles fueron conformando una “élite tecnocrática adherida a los planes de industrialización” del gobierno. La Facultad de Ingeniería proporcionó los técnicos que engrosaron las direcciones especializadas de los ministerios y de los Institutos estatales establecidos en las primeras décadas del siglo con el fin de promover la actividad industrial y las realizaciones económicas (Institutos de Geología, de Química Industrial y de Pesca). Estos profesionales pronto reclamaron su participación directa en los “puestos principales, en la dirección de la cosa pública”.[6] También conteste con el proyecto batllista fue la aspiración de llevar a cabo una reforma gradual de la economía rural a través de la diversificación y la incorporación de métodos más modernos de producción tal como lo demuestra la creación en 1911 de las estaciones experimentales de Paysandú, Salto y Cerro Largo y La Estanzuela. En las diversas áreas de la economía los sucesivos gobiernos contrataron expertos extranjeros (de EEUU y Europa) para dirigir estos centros financiados por el Estado y dedicados a investigar los problemas locales y a entrenar a los técnicos nacionales. Lo mismo ocurrió en la Universidad de la República (UDELAR) que designó a universitarios europeos o estadounidenses al frente de las nuevas carreras que se fueron creando (Agronomía y Veterinaria).[7]

Desde el ámbito privado los propietarios rurales, que históricamente se consideraron postergados por el proteccionismo industrial promovido por el batllismo debido a la transferencia de recursos económicos generados por el agro hacia la industria a costa del atraso tecnológico y productivo, requirieron en forma persistente la promoción y, más tarde, la mejora en la formación de especialistas en ciencias agrarias. Sus reclamos se incrementaron desde fines de los cincuenta cuando el estancamiento del sector se tornó uno de los principales factores explicativos de la crisis económica nacional. Estos grupos exigieron el fomento y la reorientación de los estudios que ofrecía la Facultad de Agronomía en relación con sus demandas. Los Ingenieros Agrónomos, además de integrar la burocracia estatal, debían jugar un rol activo en el desarrollo de los emprendimientos privados. Asimismo, se precisaba personal de nivel intermedio a cargo de las tareas y administración de los establecimientos agrícolas y ganaderos, que actuarían como auxiliares de los Agrónomos.[8] En esta línea el diario del Partido Nacional El País insistía en la necesidad de fortalecer la formación práctica de profesionales y técnicos de modo que contribuyeran al desarrollo agropecuario. Señalaba, además, el fracaso de la enseñanza agronómica que impartía la Universidad de la República, sumándose a las críticas sobre su énfasis en las profesiones liberales (Derecho y Medicina) en detrimento de las disciplinas vinculadas a los sectores productivos.[9] Estos sectores hacían hincapié en el rol de la educación superior en la implementación de carreras que capacitaran al personal técnico para el sector productivo. El artículo de hecho era una respuesta a la supresión de la carrera de técnicos rurales que desde mediados de los cincuenta impartía la Facultad de Agronomía en la Estación Experimental de Paysandú. Esta resolución obedeció a que la misma en el marco de la reorientación académica de esa Facultad fue reconvertida en un centro de investigación agropecuaria en sintonía con los intentos del “reformismo universitario” de promover la investigación científica como centro de las actividades de la UDELAR.

Notemos, entonces, que hasta mediados del siglo XX el sustantivo técnico refería principalmente a varios niveles formativos: uno superior, académico-universitario y otro intermedio orientado a la formación mano de obra calificada.[10] Es decir, que técnico designaba tanto a determinadas profesiones universitarias como a ocupaciones que requerían cierta pericia y entrenamiento. Tanto la creación de las Facultades de Matemática en 1885 y más tarde de Agronomía y Veterinaria en 1907 de la Universidad de la República como el énfasis puesto en la educación técnica en la primera década del siglo XX son claros ejemplos de cómo se articulaba el proyecto educativo con la demanda de técnicos por parte del Estado y el sector productivo.

En los sesenta tanto la aplicación de técnicas y tecnologías modernas como la capacitación de personal competente fueron aspectos resaltados desde ámbitos académicos e intelectuales por quienes reflexionaban sobre las posibles salidas a la crisis. El economista Luis Faroppa, procedente de filas batllistas y tenaz difusor del estructuralismo cepalino, desde su cátedra de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas sostenía que para superar el rezago de la economía nacional era necesaria la inversión orientada a la incorporación de técnicas modernas y a la capacitación de recursos humanos.[11] Por su parte, el periodista del semanario Marcha, economista y político uruguayo Carlos Quijano también remarcaba el papel que les cabía a los técnicos a la hora de decidir cuáles eran los mejores métodos y tecnologías para superar la grave situación del agro uruguayo.[12]

Como podemos apreciar estas afirmaciones daban realce a la estrecha relación existente entre educación y desempeño económico y social que, aunque no era nueva, en estos años, bajo el influjo de las teorías de la modernización y los desarrollismos, se resignificó volviéndose central en América Latina. El impulso que experimentaron las ciencias sociales en estos años, muy especialmente la economía y la sociología, con fuerte legitimidad técnica y académica, contribuyeron a la naturalización de este vínculo.[13] Las nociones de educación como “inversión en hombres” o “capital social básico” se volvieron frecuentes en los discursos de la época. El economista argentino Raúl Prebisch en su intervención en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina realizada en Santiago de Chile en 1962 insistía en eliminar el divorcio existente entre los sistemas educativos y los requerimientos del desarrollo económico. En tal sentido, daba particular importancia al adiestramiento técnico, como una modalidad de educación que tendría un impacto directo en la productividad.[14] La formación técnica (y los técnicos), en este caso, era pensada en función de su impacto directo en el rendimiento productivo.

Así, mientras que hasta promediando los cincuenta del siglo XX y aún después la palabra técnico fue utilizada principalmente para hacer alusión al idóneo vinculado más directamente con la producción como fue el caso de agrónomos e ingenieros civiles (quienes se incorporaron a los cuadros estatales o el ámbito privado) o en otro nivel a la mano de obra especializada, la novedad en el período que nos ocupa es la emergencia de una nueva acepción que incluyó a profesionales procedentes de un universo de disciplinas dirigidas a producir conocimiento sobre la sociedad y cuyo saber y práctica, en esta etapa, adquirieron relevancia y prestigio social. Técnico pasó a ser asimilable a experto, un término que se generalizó en la segunda posguerra bajo la influencia de las ciencias sociales norteamericanas. Este fenómeno se dio de la mano de la profesionalización de estos saberes, particularmente en el ámbito universitario, que se ocuparon de analizar, con renovadas herramientas teóricas y metodológicas, la problemática social; un terreno hasta entonces reservado a los literatos u hombres de la cultura, algunos autodidactas y sin una formación académica específica en esas áreas, que aportaron una visión crítica del desarrollo social y político del país a través de su producción ensayística. Las noveles ramas de conocimiento se orientaron a la elaboración de diagnósticos, así como de propuestas de solución a la deteriorada situación económica y social. De hecho, la misma necesidad de explicar la crisis nacional generó una demanda social hacia estas disciplinas y sus cultores. En ese contexto, y en estrecha vinculación con los requerimientos del Estado y de diversos organismos internacionales, cobró fuerza una élite técnica capaz de participar tanto en la formulación de políticas públicas como en la gestión gubernamental y con ella la palabra técnico sufrió transformaciones.

La profesionalización de las ciencias sociales y los nuevos técnicos

Desde mitad del siglo XX, los saberes expertos mencionados y sus portavoces se convirtieron en opiniones especializadas y legítimas para explicar y proponer soluciones a una realidad económica y social que era considerada particularmente grave. Más concretamente, las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales comenzaron a acreditar competencias requeridas para la modernización de los estados, por los organismos internacionales y el sector privado en función del llamado “desarrollo económico y social” latinoamericano. El técnico pasó a ser especialista en un campo determinado del saber y su labor se orientó a la solución de problemas y la elaboración de políticas públicas. Gracias a dichas competencias se desempeñaron en ámbitos gubernamentales, agencias financieras internacionales o en organismos como la CEPAL, OEA o UNESCO, conformando una nueva élite técnica internacional que ejerció fuerte influencia en espacios académicos nacionales. Desde la segunda posguerra, en el marco de la Guerra Fría, asuntos tales como ¿quiénes eran esos técnicos?, ¿cuál era su relación con la política y los políticos?, ¿la compatibilidad entre su desempeño académico y el compromiso político? produjeron enconados debates políticos y públicos. Como dijimos, de la mano de estos cambios, el sentido del término técnico sufrió modificaciones y dio cabida a esta nueva figura que emergió con fuerza en el panorama intelectual y político de la época.

Ya mencionamos cómo el auge de las teorías de la modernización y el estructural funcionalismo en la academia estadounidense y la influencia del desarrollismo cepalino en la región, dieron fuerte impulso a la modernización e internacionalización de las ciencias sociales. Como parte de esta renovación se puso el acento en su carácter empírico mediante la introducción de técnicas cuantitativas y modelos matemáticos puestos al servicio de la elaboración de diagnósticos, así como de la programación y la planificación. El despegue de las ciencias sociales, parte de un fenómeno global, estuvo asociado a una profunda transformación de ese campo y a la renovación de sus fundamentos teórico-metodológicos. En este proceso convergieron varios factores: el cambio de política de EEUU hacia América Latina luego de la Revolución Cubana, la influencia de organismos internaciones creados a partir de la segunda posguerra (ONU, UNESCO, CEPAL, BIRF, FMI) y la necesidad de buscar alternativas a un modelo de desarrollo que había entrado en una profunda crisis. Esa misma crisis parece haber sido un elemento determinante en el proceso de constitución y posterior legitimación del campo de las ciencias sociales.[15]

En Uruguay, también en estos años cobraron vigor las disciplinas sociales que buscaron comprender y brindar alternativas a lo que entonces se consideraban los grandes problemas nacionales, nutriéndose de las influencias mencionadas. Sin embargo, este proceso fue más lento que en los países de la región. En una línea similar a la que plantean los investigadores Mariano Plotkin y Jimena Caracava para el caso argentino, en 1986, a un año de reinstalada la democracia en el país, la economista uruguaya Celia Barbato, planteaba la relación causal entre el retraso en el desarrollo de la disciplina económica en Uruguay y “un crecimiento económico sostenido, que durante varias décadas no planteó problemáticas acuciantes”. Para ella el contexto de crisis de los sesenta “generó la respuesta académica que alienta el desarrollo de la investigación en economía” y, agreguemos, la demanda de sus técnicos.[16] El sociólogo Carlos Filgueira fue más contundente al vincular el desarrollo de la Sociología con los “fenómenos que ocurren en la sociedad”. Más concretamente, enfatizaba el impacto directo del agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones en la “ruptura definitiva de un orden y una organización social que no tenía condiciones para sostenerse”. La toma de conciencia de esta crisis condujo a pensar la sociedad como un problema y por tanto, se requirió de un análisis social basado en la “investigación sistemática” y el “trabajo académico profesional”.[17]

Se intentaba dejar atrás la tradición ensayística que, en Uruguay, sin embargo, se mantuvo durante la década de los sesenta, conviviendo con las nuevas modalidades de abordaje de las ciencias sociales.[18] No es casual que Carlos Real de Azúa incluyera en su célebre Antología del Ensayo Uruguayo Contemporáneo al sociólogo Aldo Solari, destacando en él la combinación de

dato empírico seguro y cauteloso e hipótesis “a confirmar”, esta secuencia de relevamiento e invención (en la que lo imaginativo entra no poco) resulta ser el signo común de la mejor labor sociológica, tal como por estas tierras, y en forma creciente, se practica. Y aun podría pensarse que, si bien se atiende, los dos extremos de estas eventuales antítesis: “dato”, “relevamiento” por uno de ellos; “hipótesis” e “invención” por el otro flanquean entre ellos un “espectro” continuo de posibilidades, en el que a veces es difícil afirmar donde termina (o empieza) la tarea científica y en donde comienza (o finaliza) la postura ensayística.[19]

Algo similar señala José Rilla en su prólogo a una de las reediciones del libro de Real de Azúa, El impulso y su freno, al calificar al ensayo uruguayo de literatura “de doble faz, de declinación y de sospecha”, donde la conciencia de la crisis era expresada como “un asalto a la relativa calma de la convivencia, deterioro de su fondo moral, aflojamiento de toda disciplina, lastres más ostensibles en la pendiente de la crisis”. Con el desarrollo de las ciencias sociales esta constatación devino “mesurable, diagnosticad[a] y evidente.”[20]

La importancia que por esos años se atribuyó a la planificación para alcanzar la meta del desarrollo económico y social acrecentó la necesidad de contar con cuadros técnicos que, en palabras de Aldo Solari, pusieran “un poco de orden” y obligaran a los políticos a definir “los objetivos perseguidos más allá de la mera formulación electoral.”[21] Es así que la palabra cada vez más empezó a ser utilizada en referencia a los profesionales formados en Economía o Sociología que poseían un conocimiento que tendía a la especialización y contaban con entrenamiento académico. El rigor científico estaba dado por la exposición de cifras, estadísticas, cuadros que dotaban de legitimidad y aparente neutralidad al conocimiento que producían sobre la sociedad. Se fue extendiendo la idea de un saber específico y políticamente neutro, irrumpiendo el más moderno concepto de experto/técnico, palabras que empezaron a ser usadas como sinónimos.[22] Este tipo de profesional se fue alejando paulatinamente, en conflicto y también en relación, tanto del intelectual generalista, muchas veces literato, que interpretaba la realidad político social y aportaba alternativas de cambio, como de las representaciones dominantes en el campo de las izquierdas del intelectual crítico que incidía en los debates político-ideológicos y estaba al servicio de las transformaciones sociales.

En 1959 el sociólogo Aldo Solari cuya producción, como bien refería Real, todavía se hallaba a medio camino entre la ensayística y la incipiente sociología científica, se lamentaba de la escasa receptividad y hasta el menosprecio demostrado por la clase política hacia los aportes que los científicos podían hacer para entender los grandes dilemas nacionales. Expresaba que

si a veces los técnicos han ido demasiado lejos, sosteniendo implícitamente las bondades de una tecnocracia e ignorando a las necesidades que responde la política, el hecho es que la clase política ha mostrado una desmedida despreocupación por los resultados de los estudios científicos sobre la realidad nacional y ha ocultado su menosprecio por las opiniones de los técnicos.[23]

Esta escasa atención de los políticos no es de extrañar en un país que desde 1908 no contaba con un censo demográfico y, por ende, no conocía con exactitud la cantidad y composición de su población. La incorporación de instrumentos de medición como las encuestas había generado suspicacias en círculos políticos tal como quedó evidenciado en las objeciones que se hicieron en el Parlamento y en la prensa a la encuesta implementada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que recababa información para la elaboración del Censo Universitario realizado en 1960.[24] Pese a esto, Solari vaticinaba que en un futuro no muy lejano los políticos iban a “utilizar cada vez más los resultados de las ciencias sociales” lo que seguramente derivaría en la creación de una “conciencia más aguda de los problemas” del país.[25] En su famoso artículo “Requiem para la izquierda”, ensayó criterios de cientificidad en el análisis de los resultados electorales de 1962, en un intento por comprender el magro desempeño electoral de la izquierda así como las causas profundas de la supervivencia de los partidos tradicionales frente a una crisis largamente anunciada. Cerraba su ensayo señalando cual era en su opinión el lugar que debían ocupar los intelectuales/técnicos respecto a la política y la sociedad. “Sea cual sea la respuesta que el intelectual se dé al problema de su actuación en la política, y hay muchas válidas, esa tarea de pensar al país es la única verdaderamente irrenunciable, la que solamente justifica su presencia como tal en la sociedad.”[26] Para Solari las fronteras entre el intelectual y el técnico no estaban aún claramente delineadas y ambos términos aparecen intercambiables.

También en Uruguay hasta mediados de los cincuenta predominó, de acuerdo con la categoría de Gino Germani, la “sociología de cátedra”. Los estudios sociológicos se hallaban dispersos en cátedras dependientes de distintos servicios universitarios y se privilegiaba la enseñanza sobre la investigación.[27] La creación del Instituto de Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho en 1956, bajo la dirección de Isaac Ganón primero y de Aldo Solari después, constituyó el primer mojón hacia la institucionalización de la disciplina. En el caso de la Economía, como ha estudiado Adolfo Garcé, su impulso estuvo vinculado con la fundación del Instituto de Economía en 1951 y con los sucesivos cambios de plan de estudios (1954 y 1966) que pusieron un mayor énfasis en la economía al tiempo que establecieron la formación diferenciada entre contadores y economistas.[28] Hasta fines de la década predominó en ambas disciplinas la crítica al agotamiento del modelo económico y social uruguayo que había sido aplicado hasta el momento, así como una preocupación por comprender sus causas y encontrar posibles soluciones. Como señala Garcé, la traducción de esa visión crítica asumió inicialmente la inspiración desarrollista en particular en su versión cepalina. Para el sociólogo Alfredo Errandonea, esto suponía que en los análisis prevalecía una orientación más moderada que la que imprimía la izquierda; una mirada quizás cándida que confiaba en las posibilidades de corregir el proceso. Avanzada la década, tras el desencanto del desarrollismo, esta concepción sería fuertemente discutida por los planteos de la dependencia que marcaron su impronta en medios académicos y en la formación de economistas y sociólogos.[29]

La afirmación de la disciplina económica y de los economistas parece haber sido más sólida respecto a la sociología y la demanda estatal de sus servicios creció en forma sostenida. Finalizando los años cincuenta el Instituto de Economía, entonces dirigido por Luis Faroppa, comenzó a ser requerido sobre algunos temas como el impulso inflacionario, la reforma cambiaria o la del régimen de contralor del comercio exterior. A esto se suma que en 1959 el flamante gobierno blanco designó al Cr. Juan E. Azzini, en ese momento Director del Instituto de Finanzas de la FCEA, como Ministro de Hacienda.[30] Esto no impidió que al promediar la década del sesenta se mantuviera la preocupación por la capacidad del mercado de absorber a los economistas que egresaban de los nuevos planes. Aunque se alertaba de lo reducido del mercado, no se podía negar que el empeoramiento de la situación económica nacional, la expansión de los organismos y las funciones de la planificación estaban abriendo posibilidades para los nuevos graduados de la carrera de Economía.[31]

Como ha demostrado ampliamente Adolfo Garcé, la oportunidad para los técnicos llegó con la instalación por parte del primer gobierno blanco de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), organismo técnico que tuvo a su cargo la realización de un diagnóstico de la realidad nacional y la formulación de los planes para el desarrollo del país.[32] Su instalación y posterior impulso estuvo estrechamente vinculado a la Alianza para el Progreso, programa de asistencia impulsado por el presidente J.F. Kennedy para mejorar las condiciones sociales y económicas de los países atrasados que frenara posibles estallidos revolucionarios. La creación de organismos de planificación fue una de las condiciones establecidas para acceder a los fondos prometidos en el marco de dichos programas.[33] Recordemos que la Alianza para el Progreso formó parte del giro de la política exterior de EEUU luego del triunfo de la Revolución Cubana, reinstalando las tensiones propias de la Guerra Fría en el continente latinoamericano. Los programas de asistencia que se implementaron en esos años ofrecieron a los nuevos profesionales un mercado laboral para su inserción y nuevas posibilidades de formación.

El Ministro de Hacienda Eduardo Azzini designó como Secretario Técnico de la CIDE al Contador Enrique Iglesias, investigador en el Instituto de Economía de la FCEA, mientras diversos organismos internacionales, especialmente CEPAL, BID y OEA, brindaron asistencia técnica.[34] A este emprendimiento se incorporaron reconocidos investigadores provenientes de la UDELAR, en el que finalmente cerca de 300 expertos locales y 90 técnicos internacionales.[35] El informe de la CIDE destacaba que, en base a la recolección de datos, se había llegado a un detallado análisis de la realidad nacional, un “esquema de los principales problemas del País, ponderados y sistematizados con un criterio rigurosamente objetivo y técnico”.[36] Iglesias insistió en que el trabajo realizado era resultado de un “esfuerzo interdisciplinario objetivo y técnico”, alejado tanto de las tendencias político partidistas que buscaban señalar responsabilidades como de las que evalúan las situaciones a través de esquemas ideológicos generales “excesivamente dogmáticos que tuercen la realidad pero ilustran muy poco sobre sus detalles”.[37] En este contexto se desplegó todo el conocimiento técnico disponible al servicio de una “aproximación racional a la realidad”, para buscar soluciones a los problemas sociales “con información y sistematización científica”.[38] Esta experiencia, además, posibilitó que muchos de sus integrantes se perfeccionaran en centros de investigación en el exterior, particularmente en FLACSO, CIEPLAN o ILPES.

Cabe señalar que pese al importante contingente de investigadores y docentes de la UDELAR que participó en la elaboración de los diagnósticos y del Plan de Desarrollo, sus conclusiones fueron cuestionadas por la dirigencia universitaria que criticaba la inspiración desarrollista que las sustentaba. Óscar J. Maggiolo, futuro rector de esa institución, afirmaba que para hablar con propiedad de desarrollo, hay que tener la mentalidad del desarrollo. La Alianza [para el Progreso] y el FMI hablan siempre de desarrollo. Pero la mentalidad de sus [teóricost es colonialista .[39] Por su parte representantes del orden estudiantil en el Consejo Directivo Central, también impugnaron esta concepción que desconocía dos condicionantes fundamentales de la estructura económica y social: el imperialismo y el latifundio. “No puede haber un desarrollo económico profundo sino hay sustitución de las clases sociales que detentan el poder”, afirmaba.[40]

Carlos Quijano desde las páginas de Marcha manifestó su posición crítica y escéptica tanto a los postulados del desarrollismo impulsados por los organismos internacionales, por su estrecha relación con la política exterior norteamericana y su propósito de evitar la propagación del ejemplo cubano en América Latina, como a la aplicación de las técnicas de planificación por parte de los gobiernos de turno. En 1964 en un editorial dedicado al último presupuesto nacional se burlaba de la jerga técnica y planificadora y calificaba al Presupuesto por programas como “una divertida colección de simplezas”, de “puerilidades” y “noñerías”, que “transitan gallardamente por los vericuetos de las clasificaciones, las divisiones, las subdivisiones no menos tontas y ridículas”.[41]

No obstante estas visiones críticas, lo cierto es que la CIDE constituyó un momento fuerte para el reconocimiento social y la legitimación de las nuevas profesiones y sus representantes. Se aprecia, así, lo que Mariano Plotkin define como una relación doblemente constitutiva de los intentos de modernización estatal y la evolución de ciertas formas de saber social que daba “lugar a un proceso complejo y dialéctico entre conformación, legitimación e institucionalización de formas de conocimiento, expertos y modernización del Estado”.[42] En suma, en estrecha relación con los procesos descriptos emergió un nuevo sentido de la palabra técnico, cuya utilización se amplió hacia conocimientos especializados sobre la sociedad que permitían comprender la realidad social al tiempo que operar sobre ella así como a quienes detentaban esos conocimientos. Esta nueva manera de concebir al técnico generó, como veremos a continuación, no pocas polémicas y enfrentamientos.

Técnicos, políticos y política: tensiones y disputas

La instalación de la Alianza para el Progreso generó ásperos debates —en el país y el continente— tanto entorno a sus objetivos y su relación con la política estadounidense hacia la región (y en particular Cuba) como sobre el papel de los expertos que idearon y formularon las propuestas para el “desarrollo” latinoamericano. En agosto de 1961 Ernesto “Che” Guevara en su célebre discurso ante el Consejo Económico y Social (CIES) hacía mención con un dejo de ironía al papel de los técnicos, refutando su pretendida asepsia ideológica.

Pero, hay un punto que es muy importante […] el peligro de la letrinocracia, metido en medio de los acuerdos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida; otra vez políticos disfrazados de técnicos diciendo: aquí sí y aquí no; porque tú has hecho tal cosa y tal cosa, sí, pero en realidad, porque eres un fácil instrumento de quien da los medios; y a ti no, porque has hecho esto mal; pero en realidad, porque no eres instrumento de quien da los medios, porque dices por ejemplo, que no puedes aceptar como precio de algún préstamo, que Cuba sea agredida.[43]

El “Che” argumentaba que tras la aparente neutralidad de los técnicos y de sus propuestas, había intereses de carácter político y, por ende, sus intervenciones tenían efectos políticos. Esto los convertía en técnicos/políticos, donde ambos roles constituían las caras de una misma moneda. La Alianza para el Progreso y sus propuestas de “revolución” para América Latina tenían como objetivo neutralizar el peligro que significaba Cuba y su proceso revolucionario. En esa misma línea un cronista de Marcha sostenía que

las revoluciones se hacen por los pueblos y no se planean en Conferencias Internacionales o en estiladas y estiradas reuniones de técnicos asépticos. […] No se puede proclamar la necesidad de la revolución y tener la presunción de fijar sus etapas y sus objetivos, con exactitud de relojero.[44]

La despolitización del conocimiento sobre la sociedad produjo profundas tensiones al interior del campo intelectual. Los saberes sociales y sus exponentes fueron cuestionados en su empeño de ocupar el lugar de la verdad generado a partir de estudios que se pretendían políticamente neutros y, por ende, por encima de consideraciones políticas o ideológicas. En su crónica sobre la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este, Marcha aludía despectivamente a “los técnicos de la ‘Nouvelle Vague’” que discutían con “elegancia y refinado tecnicismo” cuál era el mejor destino para los países latinoamericanos.[45] Para intelectuales de izquierda de la talla de Ángel Rama, el técnico era una versión del intelectual en “su actual forma exitosa” y esa condición lo convertía en una “pieza fundamental del juego, tanto para asesorar como para transmitir la remodelación económica (y política y social) que se nos propone mediante la Alianza”. El sustantivo técnico, a su vez intercambiable por “científico”, representaba para Rama un tipo de intelectual, al que denominaba “intelectual desarrollista”, que comportaba una “obligada despolitización” y su sujeción a los centros de poder, nacionales o internacionales. La cita que sigue, pese a su extensión, sintetiza cómo concebía un amplio sector de la intelectualidad de izquierda, particularmente la vinculada al semanario Marcha, a los llamados técnicos/expertos y en contrapartida, cuál era el rol que estaba llamado a cumplir el intelectual comprometido:

El primer rasgo es la obligada despolitización a la que se somete el intelectual, que tiende a devenir una nueva especie, la de los ‘técnicos’ o los ‘científicos’. Mantendrá sus convicciones pero en forma privada y ellas serán prudentes, reformistas, de colaboración y crítica con el orden establecido. Esta posición que está legislada cuando se trata de organizaciones técnicas internacionales, asume rasgos paradojales en algunas formulaciones latinoamericanas: los técnicos que representan orientaciones modernas y generaciones nuevas son incorporados al ‘establishment’ como asesores de fuerzas conservadoras y de viejas generaciones a cuyo servicio se ven forzados aunque con ellas discrepan y traten de modificarlas. Esto postula, previa y subrepticiamente, una drástica desvalorización (o revisión) de las teorías sobre clases sociales, para poder justificar el servicio que se presta a los representantes de la vieja oligarquía. El segundo rasgo apunta a que dichos ‘técnicos’ a falta de una inserción o respaldo popular, quedan a merced de los centros del poder, tanto los nacionales que podrán ser o no de su agrado como los internacionales, para nuestro caso los Estados Unidos en forma predominante. […] En tercer término, la adopción de una línea no sólo compromete la conducta social son también las ideas, como ya señalamos para el tema de las clases sociales. Los intelectuales del desarrollismo se ven forzados a desvalorizar los argumentos anti-imperialistas y llegan a escamotear el tema o a ofrecer una imagen muy curiosa de la acción imperial y de las causas de la situación latinoamericana. Desde luego, en la zona de los economistas, el planteo de soluciones a corto plazo favorece la esfumatura de los planteos históricos y socio-culturales […] Toda fragmentación exclusivamente económica y parcializada a algunos sectores de la realidad concluye puesta al servicio de la estructura imperial y no nacional. […] Aquí se debe incluir la curiosa repercusión de la neutralización sobre la metodología de las llamadas ciencias sociales. El intelectual desarrollista, en la medida en que homologa el campo operacional y hace suyos los criterios de la metrópoli, se desliza al uso indiscriminado de su aportación sociológica que no ve en relación a los problemas y al nivel de la sociedad en que surgió como instrumental adecuado a sus específicas necesidades sino como un valor en sí, un universal.[46]

Rama, al igual muchos intelectuales de izquierda, consideraba con el Che Guevara que la economía y la política iban juntas y, por ende, eran indivisibles. “Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnicas, cuando está de por medio el destino de los pueblos”,[47] decía el Che. Hasta el fin de la experiencia de la CIDE, pasada la mitad de los sesenta, las críticas más fuertes parecieron estar dirigidas hacia los expertos que actuaban a nivel internacional, en las diferentes agencias financiadoras o en los organismos internacionales.

Más tarde, argumentos de similar tenor apuntaron hacia los cientistas sociales nacionales, muchos de ellos colaboradores en la experiencia planificadora y que habían completado su formación académica en los centros de investigación regionales ya mencionados. Se entiende así la polémica que sostuvieron, a través de la sección Carta a los lectores de Marcha, el politólogo Carlos Real de Azúa y el sociólogo Alfredo Errandonea originada en una serie de notas fuertemente críticas del primero hacia el Seminario de las Élites organizado por la UDELAR bajo la dirección del sociólogo Aldo Solari. Real, además de señalar su baja calidad académica, cuestionó el origen de los fondos que lo financiaron procedentes del Congreso para la Libertad de la Cultura.[48] En sus intervenciones, en la misma línea que Rama, apuntó sus dardos contra la supuesta imparcialidad del conocimiento técnico ya que salvo “ciertos logros inductivos de poco alcance, absolutamente todo el esfuerzo teorético está marcado por un sesgo ideológico que ‘grosso modo’ coincide con la celebración del ‘statu quo’ norteamericano”.[49]

A partir de 1967 varios de los técnicos que habían integrado los equipos de trabajo de la CIDE pasaron a ocupar cargos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o en el Banco Central, ambos organismos creados a instancias de la reforma constitucional aprobada a fines del año anterior. Desilusionados con el desarrollismo y el pensamiento cepalino, economistas como Alberto Bensión, Ricardo Zerbino, Juan José Anichini, José Puppo y José Gil Díaz se plegaron al ideario liberal y permanecieron trabajando en el ámbito estatal. Otros abandonaron el país para incorporarse en organismos internacionales, como Aldo Solari, que se apartó de la dirección del Instituto de Ciencias Sociales, y Germán Rama que se integraron a la CEPAL en Chile.

Al mismo tiempo, un contingente de economistas y sociólogos retornó a la vida académica en la UDELAR, rompiendo relaciones con los organismos gubernamentales y dedicándose a la labor académica en el Instituto de Economía o en el Instituto de Ciencias Sociales[50]. Además de haber pasado por la CIDE, la mayoría había realizados posgrados o cursos de especialización en el exterior, especialmente en los centros de investigación en Chile aunque también en otros países. En sus vinculaciones externas recibieron las influencias del marxismo y abrazaron la teoría de la dependencia, ya fuera en la versión más marxista de André Gunder Frank o la de tono historicista promovida por Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto y el mexicano Pablo González Casanova según la clasificación del sociólogo Alfredo Errandonea. Los más jóvenes eran diestros en el manejo de técnicas y metodologías de investigación más sofisticadas fruto de una formación más sistemática y profesional. Ubicándose a la izquierda del espectro político nacional, defendieron la utilización del renovado caudal de conocimientos teórico-metodológicos para comprender la realidad y transformarla. Estaba presente aquí una noción de técnico que lejos de estar reñido con la práctica política la incorporaba.

En 1968, mientras la crisis política se agravaba debido a la profundización de la movilización social, las primeras acciones contundentes de la guerrilla y al consecuente recrudecimiento de la represión gubernamental, el presidente Jorge Pacheco Areco tomaba drásticas medidas económicas liberalizadoras y de corte aperturista mediante la implementación de las políticas estabilizadoras. Ante esta situación los economistas del Instituto de Economía, conscientes de que “una etapa en la vida del país se cerraba, y nuevas instancias sociales y políticas se avecinaban”, decidieron contribuir a la comprensión de esa nueva etapa que comenzaba con un análisis del proceso económico uruguayo en la larga duración y la coyuntura específica que se presentaba ese año. En su introducción al libro colectivo Proceso Económico del Uruguay declaraban que “esta situación de creciente descomposición no es ajena al nivel de los economistas y científicos sociales preocupados por aportar alguna salida viable para el país”.[51]

En el campo de las izquierdas, por tanto, se enfrentaban distintas posturas respecto al papel de los técnicos y el rol de las ciencias sociales tal como queda ejemplificado en la mencionada polémica entre Carlos Real de Azúa y Alfredo Errandonea. En este contrapunto, Real oponía al intelectual no científico el “tipo de joven flacsista”, exhibiendo, según Errandonea, una visión estereotipada del cientista social asociado a los intereses del imperialismo norteamericano. Real refería en su nota a la “traición de los científicos”, y remarcaba la excepcionalidad de los “intelectuales” no científicos. Para Errandonea, en cambio, Real hacía gala de un “terrorismo anticientífico, oscurantista” al disfrazar de antiimperialismo una postura anticientificista. El sociólogo uruguayo defendía la validez de la metodología científica como herramienta para el cambio social.[52]

El terrorismo oscurantista a que conduce inevitablemente la postura de R. de A. —lo quiera o no— en el campo antimperialista, abre el camino a los ideólogos disfrazados de técnicos promovidos por el otro bando, y cuyo ejemplo más clamoroso son los llamados ‘desarrollistas’. El prestigio y la eficacia de la ciencia pueden ser así impunemente atados a las metas de la ‘Alianza para el Progreso’ […] hay que conocer las técnicas que R. de A. desprecia porque ignora, hay que cultivar la ciencia que tanto le repugna. En lugar de ello, R. de A. respeta y admira a su amigo Solari. Parece haberse decidido por las flechas, huyendo de la contaminación científica moderna. Me supone expuesto a ser comprado con cuentas de vidrio, pero acepta éstas del primer desarrollista criollo a su alcance […]. Quienes queremos servir con el bagaje científico de las técnicas modernas, no aceptamos estar condenados a trabajar bajo permanente sospecha de traición. Y no lo aceptamos, porque es monstruoso, estúpido e indigno”.[53]

Es posible afirmar que uno de los legados más importantes que dejó el proceso de planificación de la CIDE, fue el cambio producido en las relaciones entre la “clase política” y los técnicos quienes desde entonces gozaron de una mayor reputación y en algunos casos pasaron a integrar los cuadros estatales. También los partidos incorporaron el aporte de los expertos en tanto legitimadores de sus proyectos políticos. En 1966 el Partido Demócrata Cristiano de cara a las elecciones nacionales de noviembre de ese año presentaba su plan de gobierno, destacando la colaboración de un importante número de técnicos. El plan se presentaba como una herramienta eficaz para superar la crisis nacional y emprender un camino de transformaciones profundas.[54] Finalmente parecían cumplirse los vaticinios de Solari, la política y los políticos ponían a su servicio el saber experto que cumpliría un rol instrumental a sus proyectos políticos.

 

 

El fracaso de los proyectos revolucionarios de izquierda a comienzos de los setenta facilitó que la representación del saber técnico pretendidamente “despolitizado” ganara terreno. Coadyuvó a este proceso el fortalecimiento del pensamiento liberal que fue ganando espacios tanto en el campo económico como en el político. En 1972 se fundó la revista Búsqueda, a instancias del Centro Uruguayos de Estudios Económicos Sociales, con el propósito de difundir la doctrina liberal. Fue dirigida por Ramón Díaz, un abogado especializado en economía y febril partidario del liberalismo económico. Diaz fue profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho y a partir de 1968, cuando el Presidente Jorge Pacheco Areco designó a técnicos y empresarios al frente de los ministerios clave en materia económica, ocupó el cargo de Subsecretario de Industria y Comercio. Junto con el ministro Jorge Peirano Facio marcaron las grandes líneas de la política estabilizadora para reducir la inflación que ensayó ese gobierno. Más tarde se incorporó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) donde impulsó una política de contención del gasto y de liberalización económica[55]. A partir de 1972 se dedicó por entero a la revista.

La prédica de Búsqueda estuvo orientada a alentar el libre juego de las fuerzas económicas y a combatir el dirigismo que había predominado en la conducción económica del país. En esa línea enfatizó su independencia de los partidos políticos y su rechazo a las ideologías. Declaraba así que su “búsqueda” no era la de una ideología “no porque ya poseamos una, sino porque preferimos no tener ninguna”.[56] Carlos Basabe, por su parte, saludaba los cambios producidos en la ciencia económica que dejaba de lado las especulaciones y razonamientos teóricos que habían caracterizado el cultivo de la disciplina para basarse “más en la reunión y examen de los datos reales del mundo económico”.[57] En 1972 recibieron con expectativa los anuncios del gobierno, así como el nuevo plan económico elaborado por el equipo técnico OPP, en cuya redacción habían participado economistas liberales como Alberto Bensión y Ricardo Zerbino, quienes como vimos habían integrado los equipos de trabajo de la CIDE[58]. En la perspectiva de Búsqueda, técnico era quien poseía conocimientos especializados y que debido a ello y asumiendo su posición apolítica debía tener injerencia en la elaboración de los lineamientos de las políticas públicas. En cambio, reclamaban a los políticos mayor decisión y pragmatismo en su manejo y ejecución. En una referencia al entonces ministro de Economía el articulista expresaba con ironía su visión de la relación entre técnicos y políticos y, particularmente, el rol de este último:

El Sr. Forteza se autodefinió asimismo como ‘político, no técnico’. De un político, con la dosis de pragmatismo que no puede dejar de integrar su personalidad, hablando donde el Sr. Forteza estaba hablando, siendo su afiliación partidaria la que es, ¿qué otra descripción de sus convicciones podíamos esperar? […] No nos interesa la autodefinición cuasifilosófica del Sr. Forteza. Como político, como hombre de acción, por ende, suponemos que esa autodefinición le compromete en un plano poco profundo de su personalidad. En cualquier caso, ya esperábamos encontrar sus convicciones aglutinadas con un cemento decididamente pragmático, refractario a toda tentativa de clasificación académica. Pero no desdeñamos las ideas del Ministro. Aunque como hombre de acción hemos de juzgarlo ante todos por sus actos, son sus ideas las que nos permitirán ir discerniendo en aquéllos una estructura inteligible y previendo, consiguientemente, el futuro curso de política.

Ya lo dijo Keynes: el hombre práctico que cree poder prescindir de la teoría padece ilusión. Ni tampoco, por supuesto, puede el gobernante por más que afirme su condición de político y su dependencia de los técnicos pedir a éstos que suplan su falta de convicciones. Valdría tanto como pretender suplir la impericia del violinista poniendo en sus manos un Stradivarius. Según sean, al contrario, las ideas del gobernante, así sonará el ‘ensemble’ de su grupo asesor.[59]

Desde fines de la década del sesenta se detectan visiones sobre el técnico y lo técnico que sintonizaban en buena medida con los planteos liberales, pero que hacían hincapié en aquellas profesiones más directamente vinculadas con el sector productivo. En particular, de tiendas derechistas se desplegó un discurso que priorizó el criterio de eficiencia y la adecuación al mercado de trabajo para alcanzar el “desarrollo” del país y superar la situación de estancamiento. Esta forma de concebir el desarrollo económico exigía la modernización del sistema educativo, y en particular, la enseñanza universitaria, cuyo objetivo principal debía ser formar técnicos que, en sintonía con estos criterios, actuaran directamente en la producción. En 1968 el Ministro de Cultura de Jorge Pacheco Areco, Federico García Capurro, afirmaba que la educación debía encararse “con el rigor de un ente industrial” y la enseñanza superior tenía que orientarse a “producir gente que resuelva problemas” distanciándose de la concepción “académica y doctoral” predominante en la UDELAR[60]. Las soluciones que el país necesitaba vendrían de aquellos que “son capaces de producir riqueza”, afirmaba.[61] Apuntaba a una formación intermedia cuya finalidad era la aplicación directa de los conocimientos adquiridos y proponía crear especializaciones en áreas como ingeniería, química, agronomía y medicina que requerían de “expertos de formación rápida, que a la actualidad deben buscarse en el extranjero”. Aunque no se explicitaba, se priorizaban áreas consideradas menos peligrosas políticamente y más útiles para satisfacer las necesidades productivas y las demandas del sector privado.[62]

Señalemos que la noción de técnico en tanto individuo que a partir de credenciales científicas específicas brinda un conocimiento objetivo de la realidad y, por tanto, es capaz de operar sobre ella a través de soluciones técnicas, terminó permeando en los ámbitos académicos, así como a actores políticos y sociales a lo largo de las décadas siguientes. Paulatinamente, se fue instalando esta representación en los discursos académicos, públicos y políticos que coexistió con la idea (presente desde principios de siglo) de lo técnico, sostenida por sectores de la derecha y el pensamiento liberal, como la aplicación de innovaciones tecnológicas y la capacitación de recursos humanos idóneos en el manejo de esas técnicas en aras de mejorar la productividad. En este último sentido, se pensaba en profesiones y especializaciones vinculadas a la ingeniería, la agronomía o la química, pero también en el personal calificado para llevar a cabo diversas tareas volcadas al mercado y al sector productivo. Destaquemos además que, desde entonces, la jerga especializada, particularmente aquella proveniente de la rama de la economía, tiñó los discursos públicos y de varios actores políticos, siendo frecuente la apelación constante a palabras como rendimiento y eficiencia como vimos en algunas de las citas precedentes.

El modelo tecnocrático que adoptó el régimen dictatorial instalado a partir de 1973 brindó una nueva oportunidad a los técnicos, especialmente a los economistas que sintonizaban con la doctrina liberal, de ocupar un lugar protagónico en la escena nacional y política. La dictadura que se acopló a la idea de la planificación y adoptó el lenguaje técnico,[63] confió en el conocimiento especializado y en las vinculaciones internacionales de los técnicos civiles a quienes delegó la conducción de algunas áreas específicas como la política económica.[64] A estos se sumaron “algunos agentes intelectuales”, en palabras del historiador Aldo Marchesi,[65] adherentes al credo liberal y nucleados en torno a Búsqueda, transformada en revista en 1975 y en semanario seis años más tarde, que mantuvieron su prédica autocalificada de “apolítica” y “desideologizada” al tiempo que reivindicaron el papel de los técnicos en la dirección de los asuntos económicos del país.[66] Gran parte de los economistas liberales que actuaron en el período completaron su formación en la Escuela de Economía de Chicago, cuna del pensamiento liberal.

Mientras esto ocurría una parte importante de los científicos y especialistas de la Universidad de la República fue apartada de sus cátedras como consecuencia de las medidas implementadas por las autoridades dictatoriales para depurar el cuerpo docente. Además de las destituciones masivas, hubo una cantidad importante que optó por renunciar a sus cargos. El alejamiento de académicos de destacada trayectoria universitaria determinó que algunos servicios de la UDELAR que habían contribuido al desarrollo de la investigación, y que en el caso de las ciencias sociales habían comenzado un proceso de especialización e institucionalización, circunscribieran sus actividades a la enseñanza. Así por ejemplo, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas quedó desarmado y perdió el dinamismo que lo había caracterizado y el Instituto de Ciencias Sociales pasó a funcionar como Instituto de Estudios Sociales bajo la órbita del Rectorado interventor, cambiando sus áreas de interés y abandonando tanto la formación de sociólogos, que se había institucionalizado con la creación de la licenciatura a partir de 1968, como las tareas de investigación a las que venía abocándose.

En el caso de la Universidad de la República, el régimen osciló entre la reacción a la situación universitaria previa al golpe y los intentos más o menos deliberados de reformulación académica. Como analiza Vania Markarian, los esfuerzos innovadores sintonizaban con una “cierta forma de concebir la educación superior” que reconoce antecedentes con “algunos proyectos o intentos de reforma que venían del período anterior”. En términos generales se puede afirmar que se priorizaron las actividades de enseñanza con un claro repliegue de la investigación. Por otra parte, la formación universitaria se orientó hacia la creación de carreras cortas y la reorientación de otras existentes para satisfacer las demandas del mercado y los planes de gobierno. Esta forma de concebir la educación superior tenía antecedentes en propuestas y debates presentes en el período previo a la instalación de la dictadura[67].

Asimismo, los universitarios que permanecieron en el país organizaron centros académicos privados que funcionaron con la contribución de fondos de fundaciones extranjeras. A excepción del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) fundado a fines de los cincuenta a partir de la experiencia previa de los Equipos del Bien Común, se crearon centros como el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), y el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), que llevaron a cabo programas de investigación y especialización en las disciplinas sociales. Las condiciones restrictivas que imponía el régimen posibilitaron un incremento de los intercambios con académicos de la región, estableciéndose vinculaciones más estrechas con otros centros latinoamericanos y generando redes con otros científicos latinoamericanos. Estos “centros refugios”, como los califica Mariana Heredia para el caso argentino, desarrollaron una tarea de investigación que pretendió continuar con las agendas iniciadas en ámbitos académicos, preservando la investigación en ciencias sociales[68]. Sin embargo, Celia Barbato, evalúa que aun cuando la investigación sobre la economía uruguaya y la formación de investigadores no se detuvo, hubo un retroceso en la reflexión teórica y no hubo avances significativos “hacia nuevas y más acabadas interpretaciones” de la realidad económica del país.[69] Los centros, además, promovieron en forma sistemática la capacitación de sus académicos en el exterior. Sin embargo, promovieron modalidades más eficientes de organización de la ciencia con resultados más adecuados a las exigencias de calidad académica a nivel internacional.[70]

Conjuntamente con estas experiencias, hubo emprendimientos novedosos que en las décadas siguientes se multiplicaron. Se formaron entonces institutos privados con objetivos más aplicados o vinculados a resolver problemas o diagnósticos sociales. Las empresas de opinión pública, las encuestas de mercado, de relevamiento y estudios específicos aplicados a diferentes sectores constituyeron una nueva modalidad que abrió un nuevo espacio de inserción para los profesionales. Con la reinstitucionalización del país y el recorte de los fondos de financiamiento, los centros privados también se volcaron al mercado, transformándose en muchos casos en consultoras y ofreciendo nuevos horizontes de trabajo para los profesionales.

Este proceso que describimos muy brevemente contribuyó a la consolidación de la figura del asesor y/o el tecnócrata- términos que formaban junto a técnico parte de la misma cadena semántica, que ocupa un lugar destacado en la toma de decisiones, cercano al poder político y/o económico, tanto en ámbitos públicos como privados. La palabra tecnócrata, que conllevó cierta carga peyorativa, ha sido incorporada muy recientemente, en 1992, al diccionario de la RAE y refiere al individuo especializado en algún área de la administración o la economía, vinculado a la función pública cuya habilidad estaría dada por hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas. Es decir, es un tipo específico de técnico pretendidamente “apolítico” y “desideologizado”. Como resultado de este proceso palabras como técnico, experto o tecnócrata que designan un saber extremadamente especializado y, por ello, supuestamente “objetivo” e ideológicamente “neutral” fueron naturalizadas en vastos sectores de la opinión pública, de la academia y del campo cultural y político perdiendo parte de sus connotaciones negativas.

A modo de conclusión

El texto precedente intentó una aproximación a una diversidad de sentidos y connotaciones de la palabra técnico en momentos definidos como claves en el arco de tiempo que va de 1955 a 1973 y en un espacio acotado del campo intelectual uruguayo. Una serie de interrogantes orientaron el recorrido de este concepto: ¿quiénes eran estos nuevos técnicos? ¿cuáles fueron las principales discusiones políticas sobre su papel?, ¿qué relación existió entre política y saber técnico?, ¿qué incidencia tuvieron agencias financiadoras y organismos internacionales y, en particular para el caso uruguayo, la creación de un organismo técnico como la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE)? A partir de estos interrogantes se advierte cómo el concepto en cuestión fue variando en relación con la emergencia de nuevos saberes sobre la sociedad, las demandas estatales y del sector productivo. El análisis, por tanto, se mueve entre la descripción de los procesos propiamente dichos (en este caso el papel de los técnicos) y las variaciones en el significado de la palabra.

Como dijimos, la renovación teórico-metodológica que experimentaron las ciencias sociales a partir de la segunda posguerra, las nuevas pautas de profesionalización, el relacionamiento con el poder político y la intervención de organismos internacionales fueron modelando un nuevo técnico y, por tanto, una nueva acepción del término. Técnico junto a otras palabras que formaban parte de una similar cadena semántica (experto y tecnócrata) fue cargado tanto de renovados significados como de valoraciones positivas y negativas en relación con los debates, locales y globales, sobre el papel del conocimiento social. En este marco, la década de los sesenta se presenta rica en debates y controversias sobre el papel de esta figura en cuestión condicionando las connotaciones que presentó el concepto. Categorías como técnico, intelectual, científico o universitario aparecieron en mutua contaminación, pero también en conflicto y tensión. Algunos de las opiniones más representativas de la época opusieron al intelectual generalista con el “intelectual desarrollista” asimilado al nuevo técnico emergente. A partir de mediados de la década la nueva generación de universitarios egresados de los centros de investigación y formación regionales vio en las ciencias sociales una herramienta para la transformación de las estructuras sociales. Se analizaron así sus percepciones acerca de sus funciones autoadjudicadas y, a su vez, cómo eran vistas por otros actores intelectuales y políticos tal como quedó evidenciado en algunas de las polémicas del período. Es claro, que estas oposiciones tal como fueron planteadas por sus protagonistas y que fueron aquí analizadas admiten matices y no agotan las distintas posiciones en pugna. La peculiaridad del período fue la emergencia de este nuevo “técnico” y la consiguiente ampliación de la acepción que hasta el momento había asumido el concepto. Se constata que tras el golpe de Estado de 1973 los debates perdieron la virulencia del período anterior y la palabra con sus renovados alcances parece haberse instalado como parte del sentido común académico y político.

 

 

  1. Para el caso latinoamericano se destacan los pioneros trabajos de John Markoff y Verónica Montecinos, “El irresistible ascenso de los economistas” en Desarrollo Económico, Vol. 34, n° 133, abr-jun 1994, pp.3-29. Verónica Montecinos, “Los economistas y las élites políticas en América Latina” en Estudios Internacionales Universidad de Chile, Vol. 30, n°119/120, jul.-dic.1997, pp. 351-375 Ver también, Patricio Silva, “Los tecnócratas y la política en Chile: pasado y presente”. Revista de Ciencia Política, Vol. 26, n°2, 2006, pp.175-190 y En el nombre de la razón. Tecnócratas y política en Chile, Santiago, UDP, 2010.

  2. Gustavo De Armas, Técnicos y política en la reforma educativa en Uruguay (1990-1999). Análisis político del proceso reformista, Tesis de Maestría, Universidad de la República, Montevideo. “Expertos y política en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay”, en Gustavo De Armas y Adolfo Garcé (coords.), Técnicos y política, Montevideo, Trilce, 2000. Adolfo Garcé, Ideas y competencia política en Uruguay (1960 – 1973), Montevideo, Trilce, 2002. Adolfo Garcé “Economistas y política en Uruguay (1943-2000)”, en Documento de Trabajo, Montevideo, ICP/FCS, n° 33, 2003. Adolfo Garcé y Gerardo Uña (coord.), Think Tanks and Public Policies in Latin America, Buenos Aires, CIPPEC-Fundación Siena, 2010.

  3. Los pioneros trabajos de Carlos Altamirano, Oscar Terán, Silvia Sigal abordan las relaciones entre universidad, sociedad y política. Silvia Sigal, Intelectuales y poder en la Argentina: La década del sesenta, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002; Oscar Terán, Nuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956-1966, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993 y Claudio Suasnábar, Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-1976), Buenos Aires, Manantial, Flacso, 2004. Carlos Altamirano, Historia de los intelectuales en América Latina, 2 vols., Buenos Aires, Katz editores, 2009-2010.

  4. Esta línea historiográfica ha sido desarrollada por la Escuela de Cambridge y la historia conceptual alemana. Ver: Reinhart Koselleck, Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993. Elías Palti, “De la historia de ‘Ideas’ a la historia de los ‘Lenguajes políticos’. Las escuelas recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano”, en Anales Nueva Época, nº 7-8, 1993; J.G.A. Pocock, “El concepto de lenguaje y el métier d´historien: reflexiones en torno a su ejercicio”, Pensamiento político e historia, Madrid, Akal, 2011; Pierre Rosanvallon, “Para una historia conceptual de lo político (nota de trabajo)”, Prismas. Revista de historia intelectual, n° 6, 2002.

  5. Sobre la conformación y consolidación del cuerpo médico, la medicalización de la sociedad así como su relación con el poder político y su incidencia en las políticas públicas, ver: Barrán, José Pedro, Medicina y Sociedad en el Uruguay del novecientos, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1992-1999, 3 vols.

  6. “La concurrencia de los técnicos a las cámaras” en Revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Uruguay, año VII, n° 64, ago. 1913, pp.133-134. Citado por Alción Cheroni, El Pensamiento conservador en el Uruguay, Montevideo, CLAEH, 1986, pp.120. Ver también: Alción Cheroni, Políticas científico tecnológicas en el Uruguay del siglo XX, Montevideo, FHC, 1988.

  7. Henry Finch, “La política tecnológica y el Estado en el Uruguay 1900-1935” en Cuadernos del CLAEH, Montevideo, año 12, n° 44, 1987, pp. 87-109.

  8. Actas CDC, 18 de enero de 1956, “Plan de Estudios y Reglamento del curso de Técnico Rural propuesto por la Facultad de Agronomía”. Archivo General de la Universidad de la República (AGU).

  9. El País, 26 y 28 de diciembre de 1962. Biblioteca Nacional.

  10. Ver: Alcion Cheroni, Políticas científico-tecnológicas… y El Pensamiento conservador…, Esther Ruiz, Los ingenieros una profesión silenciosa, Montevideo, UDELAR, Facultad de Ingeniería, 1997 y María Laura Martínez, 75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales. Historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960), Montevideo, UDELAR, Facultad de Ingeniería, 2014.

  11. Luis A. Faroppa, El desarrollo económico del Uruguay. Tentativa de explicación. Montevideo, Oficina del libro del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración, 1975.

  12. Marcha, 24 de marzo 1961.

  13. Lucas D’Avenia, “Desarrollismo y Educación en Uruguay en los 60” en Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, año 5, n° 5, 2014.

  14. Raúl Prebisch en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, Santiago de Chile, 5 al 19 de marzo de 1962. Disponible en: http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/101.pdf Consultado el 18/04/2016.

  15. Sobre cómo las coyunturas consideradas críticas condicionan la demanda de saberes especializados por parte del Estado y la sociedad ver: Jimena Caravaca y Mariano Plotkin.”Crisis, ciencias sociales y élites estatales: la constitución del campo de los economistas estatales en la Argentina, 1910-1935”, Desarrollo Económico, Vol.47, oct.-dic. 2007 y Mariano Plotkin y Sergio Visacovsky, “Saber y autoridad: intervenciones de psicoanalistas en torno a la crisis en la Argentina”, E.I.A.L., Vol. 18, n°1, 2007.

  16. Celia Barbato de Silva “Economía”, Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Ciencia y Tecnología en el Uruguay, Montevideo, MEC/CINVE, 1986, p. 131.

  17. Carlos Filgueira, “Sociología”, CINVE, Ciencia y Tecnología en el Uruguay, Montevideo, MEC/CINVE, 1986 pp.173-174.

  18. Solari decía al respecto “las ciencias sociales en una actividad esencialmente libresca, basada en la repetición de las de las opiniones más recibidas a veces bastante tiempo atrás de que fueran repetidas aquí. La actividad puramente teórica es y será siempre legítima y necesaria en las ciencias sociales; pero aquella enseñanza no aportaba nada ni a la teoría ni al estudio de los problemas nacionales.” (Aldo Solari, Las ciencias sociales en el Uruguay, Rio de Janeiro, Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, 1959, p. 148).

  19. Carlos Real de Azúa, Antología del ensayo uruguayo contemporáneo, Tomo II, Montevideo, Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, 1964, pp. 574-576.

  20. José Rilla, “El freno en el impulso” prólogo a Carlos Real de Azúa. El impulso y su freno, Montevideo, Biblioteca Artigas, Clásicos uruguayos, Vol. 179, 2009.

  21. Aldo Solari, op.cit., p.167.

  22. Ver: Mariano Plotkin, “Saberes y Estado”, Boletín bibliográfico Electrónico, n° 6, 2010; Federico Neiburg y Mariano Plotkin (comps.), Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 2004.

  23. Aldo Solari, op .cit., p.151.

  24. Ver: Facultad de Derecho. Instituto de Ciencias Sociales, Registro Universitario. Boletín de Reinscripción. Año 1959. Disponible en Unidad Polifuncional sobre Problemas Universitarios (UPPU)/Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Ciencias Sociales. Registro universitario 1960. Informe General Preliminar, Montevideo, s.d., 1961. Ver también: El País, 25 de marzo de 1960; El País, 2 de abril de 1960; El País, 5 de abril de 1960; El Día, 10 de abril de 1960. Biblioteca Nacional.

  25. Aldo Solari, op.cit., pp. 150-151.

  26. Aldo Solari “Requiem para la Izquierda”, Gaceta de la Universidad, n° 22, noviembre de 1962. Archivo General de la Universidad.

  27. Alejandro Blanco, Razón y Modernidad. Gino Germani y la Sociología en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, pp.175-184.

  28. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 70 aniversario de su creación legal 1932-13 de julio-2002, Montevideo, CCEEA/EBO, 2002; Celia Barbato de Silva “Economía”, en CINVE, Ciencia y Tecnología en el Uruguay, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura/CINVE, 1986; Adolfo Garcé, Ideas y competencia… y “Economistas y política en Uruguay (1932-2004), Quantum, 2009, Vol. 4, n°1, pp.80-96.

  29. Alfredo Errandonea, “Historia institucional de la Sociología”, Revista de Ciencias Sociales año 16, n° 21, agosto 2003, p. 28. Ver también: Gerónimo de Sierra, “Las ciencias sociales en Uruguay: un caso de desarrollo y profesionalización tardíos”, en Helgio Trindade (coordinador), Gerónimo de Sierra, Manuel Antonio Garretón, Miguel Murmis, José Luis Reyna, Las Ciencias Sociales en América Latina, México, Siglo XXI, 2007, pp. 339-391.

  30. Ver textos citados Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 70 aniversario de su creación legal…, Montevideo, CCEEA/EBO, 2002, Barbato de Silva, Celia, op.cit. y Adolfo Garcé, op.cit.

  31. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, n° 25, dic. 1965. Biblioteca FCEA.

  32. Adolfo Garcé, Ideas y competencia… Ver también decreto de creación en RNLD, 27 de enero de 1960, I, p.146-8. Archivo General de la Universidad de la República.

  33. Acuerdo firmado en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), realizada del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta del Este. Ver: “Carta de Punta del Este, establecimiento de la Alianza para el Progreso dentro del marco de la Operación Panamericana”, agosto de 1961 Alianza para el progreso. Documentos Básicos, Punta del Este: [s.n], 196), 57 p. Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8789.html

  34. Adolfo Garcé, Ibídem, María Camou, María Inés Moraes, “Desarrollo reciente de la historia económica en el Uruguay”, Documentos de trabajo, n° 40, mayo 2000, UDELAR/FCS/Unidad Multidisciplinaria.

  35. Enrique Iglesias, Uruguay: una propuesta de cambio. Introducción al plan nacional de desarrollo económico y social, Montevideo, Alfa, 1966. p. 13.

  36. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1964-1974, Elaborado por la CIDE- Compendio, Montevideo, CCEA, 1966.

  37. Enrique Iglesias, op.cit., pp. 9-10.

  38. Ibídem, pp. 18-19.

  39. Marcha, 28 de enero 1966.

  40. Gaceta Universitaria, n° 36, abril 1966. Archivo General de la Universidad de la República.

  41. Marcha, 30 de abril 1964.

  42. Mariano Plotkin, “Saberes y Estado” en Boletín Bibliográfico Electrónico, 6, 2010. Ver también Mariano Ben Plotkin y Eduardo Zimmermann (comps.) Los saberes del Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2012.

  43. Che Guevara, “Cuba no admite que se separe la economía de la política”, Discurso pronunciado en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en Punta del Este, 8 de agosto de 1961. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/guevara/escritos/op/articulos/puntadeleste/discurso.htm

  44. Marcha, 11 de agosto de 1961.

  45. Ibídem.

  46. Marcha, 27 de mayo de 1966.

  47. Discurso del Che Guevara disponible en: https://www.marxists.org/espanol/guevara/escritos/op/articulos/puntadeleste/discurso.htm

  48. El Congreso por la Libertad de la Cultura (1950-1967), luego Asociación Internacional por la Libertad de la Cultura (1967-1979), nucleó sobre todo a intelectuales anticomunistas a nivel internacional. Fue parte de la acción encubierta estadounidense en el campo de la cultura durante la Guerra Fría y recibió financiación de la CIA a través de una compleja red de fundaciones entre las que se encontraban algunas muy renombradas como la Ford, la Rockefeller o la Fairfield.

  49. Marcha, 3 de noviembre de 1967.

  50. A partir de 1967 se reorganizó el Instituto de Ciencias Sociales como instituto central y se creó la Licenciatura en Sociología.

  51. Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El proceso económico del Uruguay. Contribución al estudio de su evolución y perspectivas, Montevideo, FCU/Departamento de Publicaciones, Universidad de la República, 1969, p. 17.

  52. Marcha, 3 de noviembre de 1967.

  53. Marcha, 10 de noviembre de 1967.

  54. Marcha, 16 de noviembre de 1966.

  55. Sobre la historia de Búsqueda ver: Leticia Linn, Búsqueda: una historia para ser contada, Montevideo, Editorial Fin de Siglo. 2007. Adolfo Garcé, “La conciencia crítica desde Marcha a Búsqueda” en Gustavo De Armas, Gustavo, Adolfo Garcé, Uruguay y su conciencia crítica. Intelectuales y política en el siglo XX, Montevideo, Trilce, 1997.

  56. Mauricio Bruno, “Contra el consenso político y por la racionalidad económica. El semanario Búsqueda de cara a las elecciones de 1984”. Ponencia presentada al Seminario académico: Expectativas y Disputas en torno a la nueva democracia, Montevideo, 15 al 17 de abril. Búsqueda, nº 7, Julio 1972. Biblioteca Nacional.

  57. Búsqueda, nº 6, junio de 1972. Biblioteca Naconal.

  58. Presidencia de la República. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, Montevideo, OPP, 1977.

  59. Búsqueda, nº 5, mayo 1972. Biblioteca Nacional.

  60. Tribuna Salteña, 18 de junio de 1969. Biblioteca Nacional.

  61. BP Color. Edición Extraordinaria del 90o Aniversario del Bien Público, 27 de noviembre de 1968. Biblioteca Nacional.

  62. María Eugenia Jung, “De la Universidad del Norte a la Universidad para el desarrollo (1968-1970). Las posiciones de ‘las derechas’ sobre el futuro de la educación superior” Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, año 4, n° 4, 2011.

  63. Ver: Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, Montevideo, OPP, 1972.

  64. Yaffé, Jaime, “Proceso económico y Política económica durante la dictadura 1973-1984” en Carlos Demasi, Aldo Marches, Vania Markarian, Alvaro Rico, Jaime Yaffé, La dictadura cívico militar 1973-1985, Banda Oriental, Montevideo, 2009.

  65. Aldo Marchesi, “Una parte del pueblo uruguayo feliz, contento, alegre”: los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura en Carlos Demasi y otros, op.cit.

  66. Búsqueda, n° 32, febrero de 1975. Biblioteca Nacional.

  67. Vania Markarian, “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984). En Cuadernos Chilenos de historia de la Educación, n°4, junio 2015.

  68. Celia Barbato, op.cit, pp.140-1. Mariana Heredia “Los centros privados de expertise en economía: génesis, dinámica y continuidad de un nuevo actor político en la Argentina”, en Sergio Morresi, Sergio y Gabriel Vommaro, Saber lo que se hace. Política y expertise en Argentina, Bs. As., Prometeo-UNGS, 2012.

  69. Celia Barbato, op.cit., p.150.

  70. Carlos Filgueira, op.cit, p. 184.

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